Una mujer quedó imputada por corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años. La acusación sostiene que expuso de manera insistente a su hija —que tenía 12 años cuando se iniciaron los hechos denunciados— a charlas, imágenes y escenas de índole sexual adulta. El tribunal fijó medidas de coerción por 120 días, pero desestimó que se le impidiera acercarse a la adolescente y a su hermana menor.
La decisión estuvo a cargo de la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, en el marco de una audiencia en la que la Fiscalía de Género Nº 1 formalizó los cargos y exhibió el material probatorio reunido hasta ahora.
De acuerdo con la reconstrucción que realizó la fiscal adjunta Marisol Boschi, los episodios se habrían producido tras la separación de los padres, en el período en que la chica quedó al cuidado materno.
La funcionaria del Ministerio Público Fiscal afirmó que la acusada habría puesto a su hija, en reiteradas oportunidades, frente a conductas y materiales propios de la sexualidad adulta, aun cuando tenía el deber de velar por su protección y cuidado.
El expediente se inició con la denuncia que radicó el padre de la adolescente, quien en la actualidad tiene a su cargo tanto a la víctima como a otra hija de la imputada, de 10 años.
Entre los elementos presentados en la audiencia, la Fiscalía enumeró la declaración del denunciante, el testimonio que la adolescente brindó en Cámara Gesell y un informe psicológico confeccionado a partir de esa entrevista.
Boschi detalló que, según ese informe, el relato de la víctima reunía rasgos propios de una memoria autobiográfica y cumplía con criterios suficientes de credibilidad narrativa. El documento también detectó señales de angustia emocional, tristeza y preocupación asociadas a conflictos dentro de la familia.
