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La fiscal Virginia Palacios cuenta con protección del grupo táctico COAR

La funcionaria judicial solicitó resguardo ante amenazas y persecución derivadas de un litigio por un robo de grandes sumas de dinero vinculado a un allegado. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, ratificó la asignación del comando especializado para salvaguardar a la magistrada.

Por Redacción
Fiscal de Juicio María Virginia Palacios.
Fiscal de Juicio María Virginia Palacios.

La fiscal de Juicio, María Virginia Palacios, se encuentra bajo un esquema de seguridad policial tras formalizar una denuncia por riesgos contra su persona y la de su hija. Nancy Sosa, titular de la cartera de Seguridad, confirmó la medida ante consultas periodísticas.

Sosa detalló que el jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Serrano, ordenó la protección preventiva en el momento en que Palacios se presentó personalmente en la Jefatura Central para exponer su situación.

La ministra subrayó la urgencia de la decisión, destacando que, debido al cargo que ostenta la denunciante y la gravedad de lo expuesto, se desplegó inmediatamente personal entrenado para estas tareas.

El Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) es el grupo responsable del operativo, el cual se mantendrá vigente según lo que disponga el avance de la causa judicial. En el expediente trabaja la fiscal adjunta Antonella Romagnoli.

El protocolo se activó el 20 de septiembre y contempla vigilancia tanto en el hogar de la fiscal como acompañamiento durante sus desplazamientos por la vía pública.

El ingreso al complejo habitacional Los Quebrachos.

Esta medida se considera inusual dadas las circunstancias y el cargo de la denunciante. Recientemente, el acceso de tres individuos al barrio cerrado Los Quebrachos, donde vive Palacios, fue interpretado como un factor de riesgo adicional, según pudo saberse.

Sobre la denuncia

Palacios, de 47 años, denunció haber sido objeto de intimidaciones y difamaciones relacionadas con una disputa legal entre hermanos por la sustracción de una cifra millonaria.

En su presentación, la abogada explica que tiene un vínculo amistoso con Jorge “Neneto” Novillo. La problemática surgió cuando Ernesto “El Tomero” Novillo acusó a su propio hermano del mencionado robo.

De acuerdo con el relato de Palacios, tras un operativo realizado en mayo de 2026 donde Jorge Novillo fue señalado como principal implicado, su hermano Ernesto y allegados comenzaron a instalar rumores de encubrimiento contra la fiscal, alegando que ella habría obstaculizado las tareas policiales.

La magistrada rechazó las versiones que la vinculaban con el ocultamiento de divisas provenientes del ilícito en una propiedad que edifica en El Volcán, señalando que estos dichos pusieron en peligro su patrimonio y su vida.

La funcionaria mencionó también una consulta del letrado Hugo Scarso, quien le preguntó sobre su relación con el caso tras ser contactado por “El Tomero” Novillo para ejercer su defensa.

Otro punto central del escrito refiere a una versión recibida a través del abogado de Jorge Novillo, proveniente de un recluso apodado “Coco” Fábrega. Según este testimonio, Ernesto Novillo habría contratado a Nicolás Mauricio Gómez, alias “el Porteño” y actualmente prófugo, para atentar contra ella y contra Jorge Novillo.

A su vez, Palacios denunció que la pareja de Gómez, llamada Giselle, realizó presentaciones falsas en su contra, vinculándola con la fuga de “el Porteño” y con la recepción de 180 mil dólares a cambio de otorgar beneficios judiciales. La fiscal aclaró que conoce al prófugo debido a que anteriormente realizó labores de mantenimiento en su casa.

La Unidad de Abordaje Fiscal tiene a su cargo el expediente para investigar el alcance de estos hechos.

Sosa reafirmó que el Ministerio de Seguridad tiene como objetivo prioritario garantizar la integridad de la fiscal y su familia mientras la investigación sigue su curso.

"Nuestra prioridad es salvaguardar la vida, por lo que aguardaremos las resoluciones judiciales para definir si se extiende el esquema de protección", concluyó la funcionaria.

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