Argentina exige el cese de operaciones petroleras británicas en Malvinas bajo amenaza de acudir a tribunales internacionales

La administración central comunicó este lunes el comienzo de un proceso arbitral contra el gobierno británico, apoyándose en las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Esta medida responde a lo que el Ejecutivo califica como actividades de exploración y producción de hidrocarburos no autorizadas en el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus aguas adyacentes.

"Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", manifestó el mandatario Javier Milei a través de sus redes sociales.

Mediante un informe oficial de la Oficina del Presidente, se detalló que el jefe de Estado ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los asesores legales estatales poner en marcha los mecanismos del Anexo VII de la citada Convención.

La prioridad de esta decisión es frenar la extracción de recursos en la Cuenca Malvinas Norte vinculada al emprendimiento "Sea Lion", además de objetar la emisión de nuevas licencias para buscar recursos naturales dentro de la Plataforma Continental Argentina.

El escrito oficial justificó el reclamo mencionando la Resolución 2065 (XX) de la ONU, que admite la existencia de una controversia de soberanía y solicita diálogo entre los países, y la Resolución 31/49, que prohíbe acciones unilaterales que alteren el estatus de las islas.

Bajo este enfoque, el comunicado señala que la explotación no consentida contradice el derecho internacional y provoca un daño "irreversible e irreparable" al patrimonio soberano nacional.

En este contexto, el Estado argentino dio un ultimátum de dos semanas al Reino Unido para detener el proyecto "Sea Lion". En caso de persistir el incumplimiento tras ese tiempo, el país pedirá medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para resguardar su integridad territorial.

Asimismo, el Poder Ejecutivo expresó su "rechazo categórico" a la contestación británica posterior a la alocución de Milei en la Asamblea General de la ONU. En tal sentido, ratificaron que ni la calificación de "Territorio Británico de Ultramar" ni el plebiscito de 2013 poseen validez internacional ni logran modificar la disputa por la soberanía.

Para finalizar, se comunicó que el Gobierno emprendió denuncias penales, acciones administrativas y gestiones diplomáticas urgentes debido a la detección de vuelos irregulares de la compañía THALES UK LIMITED entre Punta Arenas y las Islas Malvinas mediante una nave de bandera británica.

"La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional", sentenció el mensaje presidencial.