Indignación en el sector rural tras la liberación de sospechosos por un caso de abigeato

Un operativo policial relacionado con el robo y faenamiento de ganado en las inmediaciones de Villa Mercedes culminó con el decomiso de unos 480 kilos de carne, junto con cueros y utensilios de carnicería. A pesar de que los efectivos recolectaron pruebas determinantes, el Ministerio Público ordenó la liberación inmediata de los demorados. Esta medida despertó un profundo descontento entre los trabajadores rurales de San Luis, quienes formalizaron un pedido de entrevista urgente con el procurador general, Sebastián Cadelago Filippi.

La investigación se originó el 24 de septiembre, luego de que un productor denunciara la muerte de cuatro vacunos Aberdeen Angus en un predio ubicado a 20 kilómetros de Villa Mercedes. En el lugar, las autoridades hallaron restos óseos, vísceras y cráneos que presentaban heridas provocadas por proyectiles.

Ese mismo día, agentes de la Guardia Rural y Policía Ambiental interceptaron un furgón en la ruta 2B que transportaba una gran cantidad de carne bovina. Los dos tripulantes del rodado no lograron justificar su procedencia durante el interrogatorio, tras lo cual se secuestraron aproximadamente 480 kilos de cortes cárnicos en la requisa.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 5 de la Segunda Circunscripción, a cargo de Gisela Milstein con la asistencia de Mariana Olguín.

Tras diversas pesquisas, los investigadores dedujeron que el vehículo había sido cargado en una fábrica en desuso próxima a la firma Glucovil. Posteriormente, se efectuó un allanamiento en dicho sitio, donde se incautaron cueros de animales, sierras eléctricas, sogas, armas, balanzas y elementos de faena. Cabe destacar que uno de los cueros presentaba el hierro número 65, correspondiente al propietario del ganado perjudicado.

Los agentes policiales indicaron que, durante el desarrollo del operativo, la Fiscalía decidió cancelar un segundo allanamiento previsto para hallar el armamento vinculado al ilícito, citando objeciones respecto a la orden judicial.

Una vez recuperados, los restos y la carne fueron reconocidos por el damnificado. No obstante, los imputados fueron puestos en libertad tras haber permanecido un día bajo custodia, quedando únicamente notificados del proceso en su contra.

El malestar de los sectores productivos fue inmediato. El 28 de septiembre, las sociedades rurales de Río Quinto, Valle del Conlara, Norte de San Luis, Rosario y Unión, sumadas a la Asociación Agrícola de Justo Daract, enviaron un petitorio a Cadelago Filippi buscando una respuesta ante la sucesión de hechos delictivos resueltos por la Policía pero desestimados por la Justicia.

En un comunicado conjunto, las asociaciones aclararon que no pretenden interferir en el trabajo de los fiscales ni ignorar las garantías constitucionales. Sin embargo, enfatizaron la necesidad de comprender cómo se procesan estas denuncias y qué destino tiene el esfuerzo investigativo de las fuerzas de seguridad.

“Los productores rurales necesitamos que denunciar sirva”, señalaron los representantes, quienes aprovecharon la ocasión para reiterar la solicitud de establecer una fiscalía con competencia exclusiva en delitos agropecuarios para frenar la creciente sensación de impunidad ante el robo de hacienda.