Anularon la suspensión del juicio a prueba concedida a uno de los acusados por un derrumbe mortal en San Luis

El fallecimiento de Carlos Javier Rodríguez Peralta, quien tenía 19 años al momento del colapso de una construcción en la capital puntana durante 2020, marcó profundamente a su familia. Luego de transcurridos más de seis años del siniestro, los representantes legales de los damnificados informaron que se revocó la probation otorgada a Moisés Jonás Walter Abdala, uno de los señalados como responsable, buscando así retomar el curso de la causa penal contra los implicados.

“Ya están hace varios años con la pérdida de un hijo, con lo que puede significar el dolor para una familia, esperando que se atribuya la responsabilidad penal correspondiente”, manifestó el abogado Matías Nostray, representante de los allegados a la víctima.

El letrado recordó que la jueza de Garantías N°2, Agustina Dopazo Samper, había concedido el beneficio a Abdala el pasado 29 de junio. Dicha medida contemplaba una oferta por parte del imputado de cumplir tareas comunitarias durante dos años en una entidad religiosa, sumado a una oferta resarcitoria de tres millones de pesos.

Ante esta situación, Nostray apeló la resolución ante el Tribunal de Impugnaciones, instancia que falló a favor de la querella y revirtió la suspensión del proceso penal.

El episodio tuvo lugar el 4 de agosto de 2020 en un inmueble situado en la intersección de las calles San Juan y Aristóbulo del Valle. Allí, Rodríguez Peralta trabajaba en labores de reforma y excavaciones que carecían de los permisos municipales pertinentes y de las supervisiones técnicas requeridas para garantizar la seguridad.

Los abogados Esteban y Matías Nostray, encargados de la representación de la familia de una de las víctimas fatales. (Foto: Blas Abayay)

Como consecuencia del desplome también perdió la vida Nélida Deolinda Romero de Gitto y otras dos personas resultaron con heridas de gravedad. La causa, caratulada como estrago culposo agravado por muerte, también involucra a Oscar Ángel Gitto, a quien se acusa junto a Abdala de coordinar las obras que derivaron en el desmoronamiento de la estructura.

Sobre las penas sugeridas por la fiscalía, las cuales tienen un techo de tres años, Esteban Nostray expresó: “Nos ha parecido realmente una burla en el sentido más estricto de la palabra y hacemos este cuestionamiento desde las instrucciones que hemos recibido de nuestros representados, ya que tiene una pena de hasta cinco de prisión”.

“Nuestros representados rechazan todo tipo de reparación económica, persiguen justicia y entienden que la responsabilidad tiene que venir impulsada por el sistema judicial”, comunicó el abogado.

Respecto a la demora en el avance del caso, Nostray atribuyó la situación a la complejidad de las actuaciones y al cambio de paradigma en el sistema procesal penal.

“Lamentablemente por la extensión, fueron actuando diferentes magistrados y también la participación de diferentes fiscales. El trabajo que hemos tenido como defensa ha sido muy arduo”, reconoció el letrado.

El abogado enfatizó la gravedad de lo ocurrido, aludiendo a la pérdida de dos vidas, la destrucción total del edificio, los daños a propiedades vecinas y el impacto negativo en la seguridad del barrio.

Actualmente, tanto Gitto como Abdala permanecen en libertad. El representante legal cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal, señalando que la suspensión del juicio a prueba, ahora anulada por el Tribunal de Impugnaciones, resultaba inadecuada e injusta.

“Lo que proponemos es que llegue la causa a juicio, que haya un debate oral y que las defensas allí se presenten, que las garantías sean respetadas y que en el juicio oral se entienda la libertad o la culpabilidad de los involucrados”, concluyó su colega.