La Legislatura de San Luis dio luz verde al proyecto de alivio financiero para familias y fomento comercial

La iniciativa del Ejecutivo puntano, denominada “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar”, avanzó una etapa clave en el ámbito parlamentario provincial.

La comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía logró un despacho mayoritario tras convocar a diversos actores del sindicalismo y del empresariado para analizar el impacto y los detalles técnicos de la medida.

El dictamen, que ahora deberá ser debatido por el pleno de la Cámara de Diputados, introduce beneficios fiscales para aquellas instituciones crediticias que ofrezcan planes de pago más accesibles para los ciudadanos endeudados.

La normativa se apoya en dos ejes principales: la reestructuración de pasivos familiares y el impulso de la actividad económica mediante promociones y descuentos en comercios locales.

Durante la jornada de trabajo legislativo estuvieron presentes referentes de entidades como la Asociación Personal de la Universidad Nacional, la Asociación de Docentes Universitarios de la UNSL, UPCN, ATE, el Centro de Almaceneros San Luis y la Cámara de Comercio local.

Una de las modificaciones más relevantes respecto al texto original es la actualización del artículo sexto. Se estableció que, además de las deudas bancarias y financieras, los consumidores podrán incluir en sus planes de refinanciación las obligaciones impagas con empresas de servicios públicos de jurisdicción provincial, tal como se definirá en la reglamentación.

El marco original incluía a diversas entidades, tales como financieras, fintechs, prestadores no bancarios y toda firma autorizada por el Banco Central para otorgar crédito.

El propósito subyacente es que, al reducir el impacto de las cuotas en el presupuesto mensual, los hogares puntanos recuperen liquidez. Eugenia Gallardo, al frente de la comisión parlamentaria, destacó que el encuentro sirvió para recoger aportes valiosos y entender las distintas perspectivas sobre esta intervención estatal.

“Se trata de una propuesta integral que busca aliviar a las familias morosas”, afirmó la legisladora, subrayando que esta medida también implica un esfuerzo del tesoro provincial para fomentar condiciones más justas.

La estrategia central radica en consolidar todas las deudas del hogar en un solo plan, lo que permitirá unificar pagos, extender los plazos de vencimiento y reducir significativamente las tasas de interés y los montos de cada cuota.

El Gobierno provincial confía en que, al alivianar la carga financiera, los recursos liberados regresarán al circuito comercial mediante el consumo de bienes y servicios.

Aquellas entidades que decidan participar también podrán aplicar a un incentivo adicional, obteniendo un crédito fiscal equivalente al 25% de los beneficios otorgados a los consumidores en sus campañas de consumo local.

El proyecto consta de 21 artículos y, si bien tuvo una amplia receptividad, la oposición presentó un dictamen propio por la minoría.

El programa, que tendrá vigencia inicial de un año, requiere que los beneficiarios acrediten dos años de residencia en San Luis. Las cuotas no podrán superar el 30% del ingreso familiar y se exigirá a los bancos la implementación de capacitaciones sobre educación financiera.

El Ministerio de Hacienda e Infraestructura será el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normativas y evaluar cada propuesta presentada por los acreedores antes de otorgar cualquier beneficio impositivo.