Un trío de efectivos pertenecientes a la fuerza de seguridad salteña recibió una condena en un proceso abreviado, tras haber sido imputados por pedir dinero a automovilistas para no interferir con las cargas que trasladaban.
Emiliano Alberto Cabrera, Doris Cristina del Milagro Lucena y María Fernanda Sosa Navarro fueron hallados culpables como coautores de exacciones ilegales contra la Administración Pública, conforme a lo estipulado por los artículos 266 y 55 del Código Penal.
Tras la admisión de culpabilidad de los imputados y el consenso entre los intervinientes, el magistrado Sebastián Guzmán dictó una pena de doce meses de prisión en suspenso y la inhabilitación por un año para ocupar puestos en la administración estatal.














