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Cristina Kirchner recurre a la ONU para anular su inhabilitación política y revertir la condena en su contra

Los representantes legales de la ex mandataria elevaron una solicitud al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Buscan que el organismo trate el pedido en octubre para revertir la prohibición de ocupar puestos públicos.

Por Redacción
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la Causa Vialidad.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la Causa Vialidad.

La ex jefa de Estado, Cristina Kirchner, elevó un reclamo formal ante las Naciones Unidas con el propósito de que se reevalúe la sentencia impuesta en el expediente conocido como Causa Vialidad, la cual contempla seis años de cárcel y la inhabilitación absoluta para desempeñarse en la función pública. La solicitud fue articulada por sus letrados, Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, ante el Comité de Derechos Humanos del ente internacional.

La estrategia defensiva argumenta que se transgredieron garantías constitucionales básicas durante el desarrollo del juicio, por lo que reclaman que se anule la restricción que hoy la priva de candidatearse. La intención del equipo jurídico es que la cuestión sea incorporada en el cronograma de la reunión que el Comité mantendrá en el mes de octubre.

La sentencia adquirió firmeza tras la negativa de la Corte Suprema de Justicia a tratar el recurso extraordinario interpuesto por los abogados, lo que validó la resolución del Tribunal Oral Federal N° 2. Actualmente, Kirchner se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria.

El mencionado Comité, con base en Ginebra, se compone de 18 especialistas autónomos que vigilan el respeto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de las naciones miembros. Si bien sus dictámenes no poseen un carácter obligatorio, pueden funcionar como referencias en futuros debates legales o de carácter institucional.

Respecto a los nuevos argumentos probatorios, el escrito integra documentación que ya había sido expuesta el 15 de septiembre. En esa instancia, Beraldi sostuvo haber hallado un elemento "decisivo" relacionado con el presupuesto otorgado a la Dirección Nacional de Vialidad en los años de gestión de la ex presidenta.

De acuerdo con lo expuesto por el abogado, las firmas pertenecientes a Lázaro Báez percibieron menos del 1% de los recursos distribuidos por dicho organismo en ese lapso. Con este argumento, los defensores aseguran que no hubo una maniobra destinada a favorecer ilícitamente al contratista con fondos estatales.

Beraldi sumó que las compañías de Báez ocupaban puestos secundarios en el ranking de firmas receptoras de contratos y que las empresas que lideraban dicha nómina no poseían vínculos con la administración gubernamental de entonces.

El pedido ante la ONU persigue que estos datos sean tomados en cuenta durante la revisión del expediente y que el organismo se pronuncie sobre las irregularidades señaladas por la defensa.

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