En medio de la reclusión de la exlegisladora Anabela Lucero en el Servicio Penitenciario Provincial, el magistrado de Garantías N° 4, Santiago Ortiz, desestimó este miércoles la solicitud de incompetencia promovida por la defensa legal en el proceso que indaga sobre el mal uso de recursos estatales en el Complejo Molino Fénix.
El letrado Adriel Cabello impugnó la facultad de Ortiz para seguir al frente del legajo y solicitó que el proceso fuera transferido al Juzgado de Garantías N° 1, liderado por Alfredo Cuello.
El abogado argumentó que el cronograma de los eventos analizados debía definir la jurisdicción. Sostuvo que el 9 de diciembre de 2023, fecha en la que, según la pesquisa, se ejecutó el desvalijamiento del Molino Fénix, el Juzgado de Garantías N° 1 se encontraba de turno, por lo cual peticionó que fuera esa instancia la encargada de la causa.
Por su parte, el fiscal José Olguín rechazó esa postura. Argumentó que el defensor se centró en una fecha aislada dentro de una investigación que abarca múltiples sucesos. Detalló que tanto la asociación ilícita como la administración fraudulenta constituyen delitos de tracto sucesivo, mientras que otros episodios son autónomos. Asimismo, tildó el planteo de incompetencia como improcedente y extemporáneo.
La parte querellante, liderada por Flavio Ávila, respaldó la posición del Ministerio Público Fiscal y coincidió en que la etapa procesal para dicho requerimiento ya había finalizado.
Ortiz aclaró que la competencia fue evaluada desde el nacimiento del expediente. Para sustentar su fallo, consideró tres factores: la radicación de la denuncia en el sistema, el evento inicial de la pesquisa y las acciones que su juzgado ya había ejecutado en torno a ello. La denuncia ingresó el 22 de marzo de 2024, jornada en la cual él estaba de guardia.
