La iniciativa enviada por Claudio Poggi, denominada “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar”, obtuvo luz verde en primera instancia por parte de la Cámara de Diputados durante la jornada del miércoles.
El despacho que logró la aprobación contó con 30 votos favorables de los bloques de Ahora San Luis y sus aliados, mientras que la oposición nucleada en el Frente Justicialista aportó nueve votos en contra.
La propuesta fue debatida previamente en la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía, instancia donde recibió aportes del sector privado y gremial, resultando en ajustes sobre su alcance original antes de llegar al recinto.
El plan otorga beneficios tributarios a aquellas entidades crediticias que formalicen convenios de refinanciación con condiciones ventajosas para aquellos ciudadanos que mantienen deudas impagas.
La propuesta se estructura en dos ejes: el primero busca el alivio de las deudas familiares, mientras que el segundo procura estimular la actividad comercial provincial a través de descuentos, reintegros, promociones y otros beneficios similares.
En comparación con el texto enviado inicialmente por el Poder Ejecutivo, el dictamen aprobado introdujo cambios en el artículo sexto. Inicialmente, este apartado permitía unificar deudas de distintos entes, pero la redacción final fue extendida.
Se añadió la facultad de integrar en este sistema de refinanciación los saldos adeudados por los consumidores en servicios públicos bajo jurisdicción provincial, como es el caso de Edesal, quedando sujeto a las definiciones de la futura reglamentación.
Diputada Eugenia Gallardo. (Foto: Marcelo Lacerda).
Eugenia Gallardo, titular de la comisión y representante de Ahora San Luis, describió la medida como un instrumento “novedoso” y “ambicioso” diseñado para atender la compleja coyuntura económica provincial y nacional.
“Esta propuesta alcanza a todas las familias, ya sean empleados públicos, privados, independientes, nacionales, provinciales o municipales. Buscamos aliviar los compromisos financieros de los hogares mediante condiciones más favorables que las ofrecidas habitualmente por el sector financiero”, subrayó la legisladora.
Gallardo resaltó la inclusión de un periodo de gracia de dos meses y destacó que los planes permitirán reducir los costos efectivos, otorgando a las familias mayor margen para reorganizar su economía personal.
Originalmente, el proyecto definía como sujetos alcanzados a las entidades financieras, prestamistas no financieros, empresas de tecnología financiera y otras organizaciones autorizadas por el Banco Central para realizar operaciones de crédito.
Los fundamentos de la ley señalan que disminuir el peso de las cuotas mensuales permitirá a las familias recuperar liquidez y capacidad de maniobra.
El articulado establece que el beneficio aplica para morosidades superiores a tres meses, con planes que deben ofrecer un plazo mínimo de 24 meses y cuyas cuotas no excedan el 30% del ingreso familiar total.
La Tasa Nominal Anual tiene como techo la Tasa Mayorista de Argentina (Tamar) sumada a 10 puntos porcentuales, prohibiéndose expresamente el cobro de comisiones, gastos administrativos u honorarios extras por la gestión.
Durante su intervención, Gallardo también recordó que el proyecto incentiva el consumo mediante un crédito fiscal del 25%, una propuesta que se trabajó en conjunto con los sectores comerciales durante el paso por comisión.
La votación final. (Foto: Marcelo Lacerda).
Como requisito, las entidades adherentes deberán brindar capacitaciones gratuitas sobre educación financiera y administración hogareña. El texto habilita al Poder Ejecutivo a otorgar exenciones en los impuestos de Sellos e Ingresos Brutos para las operaciones comprendidas en los convenios.
“Es un plan claro y operativo para aliviar el bolsillo. Destaco el compromiso del Gobierno provincial para brindar respuestas concretas a las familias, algo que pocas provincias están implementando”, enfatizó la diputada.
