En la jornada en la que expiraba la extensión de su detención, Diego Torres, implicado en la investigación por el vaciamiento del Complejo Molino Fénix, solicitó brindar testimonio ante el juez Santiago Ortiz. El Ministerio Público Fiscal había peticionado la prisión preventiva basándose en el riesgo procesal y el rol que el acusado desempeñaba en el sector contable del organismo.
Su exposición resultó clave para validar los cargos contra la ex diputada Anabela Lucero, a quien se señala como la cabecilla de una estructura —que comprende a otros cinco sospechosos— dedicada a malversar fondos públicos para intereses particulares.
Durante el interrogatorio, que se prolongó en dos sesiones, Torres denunció haber recibido amenazas vía mensajes por parte de Virginia Lucero, hermana de la dirigente, hecho que será objeto de una denuncia formal. El ex empleado sostuvo que su encarcelamiento es injusto y se desvinculó de la toma de decisiones.
Según el relato, las órdenes eran impartidas exclusivamente por Lucero y Joaquín Beltrán, a quienes el personal identificaba como los mandos superiores. Torres explicó que su función se limitaba a ejecutar pagos bajo las instrucciones de ambos, quienes monitoreaban constantemente el saldo de la caja chica.
