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San Luis

Solicitan el enjuiciamiento de la banda criminal “La Bandeja” por estafas con vehículos robados

El fiscal federal Cristian Rachid busca llevar a juicio a 16 individuos acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la sustracción, adulteración y comercialización de rodados mediante papeles falsos en Marketplace. La red operaba mediante una estructura de roles jerárquicos y funciones especializadas para concretar las maniobras delictivas.

Por Redacción
La audiencia de formulación de cargos en la Justicia provincial, en noviembre de 2024.
La audiencia de formulación de cargos en la Justicia provincial, en noviembre de 2024.

Los rodados de origen ilícito ingresaban a territorio puntano, donde eran resguardados para "enfriar" su procedencia antes de ser publicados en la plataforma Marketplace, evitando exhibir sus chapas patentes. Para dotar de legitimidad a la transacción, empleaban cuentas de usuario ficticias, líneas móviles registradas a nombres ajenos, licencias de conducir apócrifas y formularios alterados. Según la hipótesis fiscal, existía una división de tareas precisa: mientras unos se encargaban de conseguir y esconder los bienes, otros alteraban sus registros o confeccionaban la documentación, y un tercer grupo gestionaba la venta y el cobro ante las víctimas.

El 9 de septiembre, el fiscal federal Cristian Rachid formalizó el pedido de juicio para los 16 implicados en el expediente denominado “La Bandeja”. De este total, 15 están imputados como miembros de una banda criminal, liderada por los hermanos Sergio Daniel “el Gordo Dani” Gatica y Alfredo Nicolás “Fredy” Gatica. Por otro lado, la situación de Vicente Francisco Mercado se limita a una participación secundaria en uno de los fraudes denunciados.

La denominación de la banda fue adoptada por los propios integrantes, quienes incluso llevaban la marca en su piel a través de tatuajes de una ametralladora Mini Uzi junto al nombre del grupo o sus iniciales, un gesto que los investigadores interpretaron como una señal de identidad y ostentación de mando.

La instrucción ha logrado acreditar 22 hechos delictivos vinculados a automóviles y motos, asignando tareas específicas a cada partícipe. Asimismo, se detectaron otros cinco casos con indicios similares, aunque aún no se han reunido las pruebas suficientes para señalar con certeza a sus responsables.

La Fiscalía sostiene que esta organización operó entre enero de 2023 y junio de 2024. La trama salió a la luz en diciembre de 2024 tras una serie de más de 20 allanamientos en San Luis, durante los cuales, además de las capturas, se halló la plantación de cannabis más grande registrada hasta la fecha en la provincia, ubicada en un terreno de Estancia Grande.

Es importante aclarar que los hechos de estafas fueron trasladados a la justicia federal, mientras que la investigación sobre el cultivo de estupefacientes transita por un camino procesal independiente y no se encuentra incluida en este requerimiento de debate oral.

Vehículos robados, identidades falsas y papelería repetida

La estrategia de Rachid divide el accionar de la banda en diversas etapas. Los bienes, obtenidos mediante robos o engaños, eran trasladados a San Luis y ocultados temporalmente para evadir el control de lectores de patentes y reducir el riesgo de ser localizados prematuramente.

Posteriormente, comenzaba la fase de comercialización. Tras captar clientes en Facebook, las negociaciones se derivaban a servicios de mensajería con números de teléfono ajenos. Los encuentros se pactaban en sitios públicos o privados, donde los vendedores se identificaban con alias y exhibían registros de conducir falsificados, acompañados de cédulas, 08 y certificaciones notariales fraguadas para simular transparencia.

Una vez obtenido el dinero, o incluso otros vehículos entregados como parte de pago, los delincuentes cortaban cualquier tipo de comunicación con los damnificados. La clave para vincular los 22 hechos fue la repetición de documentación: las mismas cédulas con idéntica codificación, formularios coincidentes y certificaciones notariales compartidas en distintas operaciones confirmaron que se trataba de una red sistemática y no de hechos aislados.

Los dos presuntos organizadores

A los hermanos Sergio y Alfredo Gatica se les adjudica el mando y la coordinación del grupo. Sergio Gatica está involucrado en cuatro de los hechos, destacándose su rol en la provisión de vehículos, el resguardo de papeles apócrifos y la facilitación de inmuebles. Uno de los casos más claros fue la venta de un Renault Sandero bajo el nombre ficticio de “Esteban Ojeda”, donde la víctima entregó un Fiat Uno y miles de dólares, vehículo que fue revendido por la banda poco después. Además, Sergio enfrenta cargos por amenazas y tenencia ilegal de armas.

Por su parte, Alfredo Gatica, vinculado a tres hechos, fue detenido en Potrero de los Funes en junio de 2024 cuando circulaba en un vehículo irregular. Se lo acusa de organizar la red, aportar bienes y custodiar documentación falsa.

Quienes ofrecían y entregaban los vehículos

Augusto Tomás Palacio y Claudio Martín Leyes Torres tenían roles activos en la concreción de las ventas. Palacio, ligado a nueve causas, se encargaba del contacto directo y la entrega de los rodados. En cuanto a Leyes Torres, vinculado a siete hechos, fue interceptado por la policía en enero de 2024 mientras transportaba junto a Emmanuel Matías Domínguez una Volkswagen CrossFox con pedido de secuestro. Domínguez, a su vez, también se encargaba de la recepción y comercialización de vehículos como la Ford Ranger, mientras que Juan Manuel Cervini completaba el grupo con su participación en la venta de un Peugeot 206 mediante perfiles falsos.

Los autos que cambiaban de identidad

Néstor Ezequiel Gatica Mitre, Lautaro Gabriel Gatica y Williams Joan Chávez formaban parte de la logística operativa. El primero, Gatica Mitre, engañaba a compradores que luego eran bloqueados, utilizando identificaciones adulteradas en vehículos como un Volkswagen Gol. Lautaro Gatica era responsable de la gestión documental y el ocultamiento, mientras que Williams Chávez fue detectado mediante lectores de patentes circulando en una Renault Captur robada en Mendoza.

Los acusados por sostener la estructura

Guido Bazán, Eric Estephan Quevedo y Heber Aaron Tapia, alias “Tito”, completan el grupo de colaboradores. Tapia, en particular, realizaba funciones variadas: desde el ocultamiento de bienes hasta la gestión de pagos y documentos falsificados, integrando la estructura de la asociación ilícita.

El lugar donde se producían los documentos falsos

Un lugar central en la causa es el domicilio de Héctor Santos Velázquez y sus familiares, Néstor Cecilio y Axel Juan Agustín Velázquez. En un predio sobre la autopista 25 de Mayo, los investigadores hallaron el centro de falsificación: tras el operativo realizado en enero de 2025, se incautó equipamiento de imprenta, bisturíes, cintas y decenas de cédulas apócrifas utilizadas para legalizar los rodados robados. Mientras Héctor se ocupaba de alterar números de chasis y motor, los más jóvenes realizaban la producción documental.

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