La pesquisa sobre el desfalco del Molino Fénix durante el gobierno anterior registró nuevos avances al concluir esta semana. La Fiscalía Nº 3 ratificó la incorporación de cuatro personas al proceso, ordenando su notificación inmediata bajo el artículo 38 del Código Procesal Penal de San Luis, lo que les informa formalmente su calidad de sospechosos.
La medida fue dictada este viernes 16 de octubre por el fiscal adjunto, Marcelo Palacio.
Con esta decisión, la cifra total de involucrados asciende a 10. Cabe recordar que la ex diputada Anabela Lucero, junto a su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel, se encuentran detenidos desde el 24 de agosto tras la ampliación de cargos por asociación ilícita, administración fraudulenta y manipulación o eliminación de pruebas. La acusación sostiene que idearon un esquema para apropiarse de bienes y desviar fondos públicos hacia fines personales, de terceros y proselitistas. El perjuicio económico se calcula, por ahora, en 900 millones de pesos, a la espera de los informes contables definitivos.
La ex legisladora Anabela Lucero al momento de ser trasladada a su reclusión.
La misma imputación pesa sobre el legislador Joaquín Beltrán, aunque la falta de desafuero impide hasta el momento cualquier pedido de detención preventiva. Por otro lado, Diego Torres, quien completa este grupo inicial, es el único que prestó declaración ante el magistrado Santiago Ortiz, ratificando los elementos de prueba de la Fiscalía y detallando la destrucción de archivos en las dependencias. Torres cumple actualmente arresto domiciliario.
