La audiencia resultó reveladora al exponerse una serie de irregularidades destinadas a confundir al Tribunal. Tanto la fiscalía como la querella, en representación de la Fiscalía de Estado, advirtieron sobre conductas inapropiadas por parte de Anabela Lucero dentro del centro de detención donde permanece recluida.
El encuentro judicial tuvo como eje el vencimiento de la medida cautelar que pesaba sobre la ex legisladora, su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel. Tras analizar los hechos, el magistrado decidió extender la prisión preventiva por un trimestre. El grupo, asistido por los letrados Esteba Bustos, Adriel Cabello y Bautista Rivadera, se encuentra procesado por administración fraudulenta, asociación ilícita y destrucción de pruebas. Se sostiene que Lucero y su pareja, el diputado Joaquín Beltrán, lideraban una estructura dedicada a desviar fondos estatales durante la administración de Alberto Rodríguez Saá.
El fiscal José Olguín detalló que, durante los dos meses de encierro de Lucero en el penal femenino, se registraron violaciones a las normas de comunicación. Un episodio clave fue denunciado por autoridades penitenciarias ante el Colegio de Abogados: el defensor Cabello habría facilitado su teléfono móvil a la imputada para realizar una llamada prohibida.
A este hecho se suma una acusación más grave: la presunta entrega de dádivas a una enfermera del complejo carcelario para que alterara registros de peso y presión arterial, buscando aparentar que la huelga de hambre de Lucero había deteriorado severamente su estado físico. La trabajadora de salud ya enfrenta medidas disciplinarias por estos registros falsos.
Anabela Lucero estuvo presente de manera remota en el debate desde la unidad penitenciaria. (Foto: Nahuel Sanchez)
La Fiscalía señaló que la acusada utilizó una estrategia dual: mientras protestaba alegando falta de atención médica, agradecía simultáneamente al juez Santiago Ortiz por haber tramitado con celeridad cada solicitud de traslado a centros de salud. Para la acusación, se trató de una maniobra diseñada para forzar una morigeración de la medida cautelar.
