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Ratifican sentencia contra un agente policial que proveía marihuana en Quines y Santa Rosa del Conlara

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó la apelación presentada por la defensa de Rubén Ángel Ávila Ríos. El efectivo fue hallado responsable de suministrar estupefacientes para su venta ilegal, tras operativos realizados en agosto de 2025 donde se incautaron drogas, divisas, dispositivos móviles y armamento oficial.

Por Redacción
El resultado del allanamiento en la vivienda de Rubén Ángel Ávila Ríos.
El resultado del allanamiento en la vivienda de Rubén Ángel Ávila Ríos.

La justicia federal confirmó una pena de seis años de prisión para Rubén Ángel Ávila Ríos, un ex miembro de las fuerzas de seguridad de San Luis que operaba como proveedor de marihuana en las localidades de Quines y Santa Rosa del Conlara. La investigación judicial involucró también a Gustavo Nicolás Morales, señalado como el encargado de vender los narcóticos al por menor en Quines y transferir las ganancias al uniformado.

El fallo definitivo fue emitido por los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes desestimaron de manera unánime el recurso de impugnación interpuesto por la representación legal de Ávila Ríos.

El sentenciado, que prestaba servicios en la policía provincial, recibió la condena por el delito de comercialización de sustancias ilícitas, con un agravante debido a su función pública. Por su parte, Morales fue sentenciado a cuatro años de cárcel por los cargos de tenencia con fines de comercialización y venta de estupefacientes.

De acuerdo con reportes de la Unidad Fiscal San Luis, Ávila Ríos cumple su pena efectiva dentro del establecimiento carcelario provincial, al tiempo que Morales se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria.

El traslado al Servicio Penitenciario de Rubén Ángel Ávila Ríos y Gustavo Nicolás Morales en septiembre de 2025.

Las pesquisas, efectuadas entre los meses de marzo y agosto de 2025, lograron desentrañar el esquema de distribución que posicionaba al policía en el rol de abastecedor principal.

Según los expedientes judiciales, Ávila Ríos entregaba cannabis a terceros en las zonas mencionadas tanto para su venta directa como para el uso personal.

En ese sistema, Morales actuaba como uno de los receptores en Quines, dedicándose a la venta minorista y retornando los fondos recaudados al proveedor.

La estructura delictiva fue identificada gracias a tareas de inteligencia, monitoreo de comunicaciones, rastreo de transacciones digitales y peritajes sobre equipos de telefonía. Asimismo, se obtuvieron pruebas clave mediante la detención de clientes y allanamientos en los puntos de venta.

Los operativos en Quines y Santa Rosa del Conlara

El 29 de agosto de 2025, el personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico ejecutó tres registros domiciliarios. El despliegue permitió el desmantelamiento de tres sitios de venta de droga y la aprehensión de los dos sujetos implicados.

En la localidad de Quines, se intervinieron dos domicilios situados en calle Valverde del Fresno.

En el primer punto, los investigadores incautaron 14 envoltorios plásticos con marihuana, cinco celulares y 4390 pesos. La fuerza de seguridad estimó que dicho material equivalía a 56 dosis con un valor comercial de 196 mil pesos.

El resultado de los allanamientos en agosto de 2025.

Durante el segundo registro, sobre la misma arteria, se hallaron flores de cannabis, 55 paquetes fraccionados, dos básculas digitales, 27 semillas y municiones de diversos calibres.

Se calculó que los estupefacientes encontrados en este domicilio totalizaban 460 dosis, cotizadas en 1.610.000 pesos.

El procedimiento restante se llevó a cabo en la vivienda de Aviador Franco al 400, en Santa Rosa del Conlara, sitio donde se produjo la captura del efectivo.

En dicho inmueble se decomisaron tres bultos con cannabis, estimados en 1540 dosis con un valor cercano a los 5.390.000 pesos.

Además, fueron secuestrados cinco teléfonos móviles, 378 semillas, 56.490 pesos, un rodado Fiat Punto, equipamiento policial, una pistola reglamentaria con sus cargadores y documentación de interés.

El 1 de septiembre de 2025, ambos hombres fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, quedando bajo la jurisdicción federal mientras se profundizaba la causa bajo la Ley 23.737.

La labor investigativa para probar la comercialización

El proceso fue impulsado por la Fiscalía Federal de San Luis bajo la dirección de la fiscal Mónica Spagnuolo, contando con la colaboración operativa de la División Lucha Contra el Narcotráfico UROP V.

Parte de la droga incautada en agosto de 2025.

La acusación se respaldó en información recopilada mediante vigilancia, registros telefónicos, movimientos financieros en billeteras virtuales y pericias científicas sobre los dispositivos y las drogas secuestradas.

Este caudal probatorio ratificó que Ávila Ríos no se limitaba a poseer drogas, sino que integraba activamente la cadena logística de suministro.

Se confirmó igualmente la dinámica de ventas minoristas a cargo de Morales y el flujo de dinero que regresaba al uniformado tras las operaciones.

El juicio y las condenas

El debate judicial tuvo lugar los días 5 y 6 de agosto de 2026 en el Tribunal Oral Federal de San Luis, con la intervención de las juezas María Carolina Pereira, Gretel Diamante y María Paula Marisi.

En la instancia oral, el Ministerio Público Fiscal expuso la totalidad de las evidencias acumuladas para sostener la acusación.

El tribunal dictaminó la pena de seis años contra Ávila Ríos por comercialización de estupefacientes, aplicando el agravante estipulado por su condición policial.

Morales, por su parte, recibió cuatro años de prisión por los delitos de tenencia y comercialización de drogas.

La disparidad en las sentencias se debió, fundamentalmente, a la mayor responsabilidad penal de Ávila Ríos por su rol como funcionario de las fuerzas de seguridad.

Tras el veredicto, la defensa del ex policía elevó el caso a la Cámara Federal de Casación Penal.

El tribunal superior analizó los argumentos el pasado 21 de octubre, ratificando por unanimidad la condena de seis años de prisión contra Ávila Ríos. La Fiscalía Federal destacó además que, desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio en agosto de 2024, la dependencia a cargo de Spagnuolo obtuvo condenas en siete juicios, siendo que todas las impugnaciones interpuestas por las defensas ante Casación en esos casos fueron rechazadas.

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