Caso Márquez y Asociados: suman 13 los presos y desde San Luis exigen cargos contra los apuntados principales

El expediente por las defraudaciones inmobiliarias atribuidas a Márquez y Asociados registró novedades en territorio cordobés: hubo cuatro arrestos adicionales y de ese modo ascendió a 13 la cantidad de imputados que cumplen prisión preventiva.

Mientras la pesquisa sigue su curso en esa jurisdicción, en San Luis los perjudicados pretenden que los tribunales locales adopten el mismo camino frente a los señalados principales y amplíen las diligencias para aclarar las operaciones que golpearon a compradores de la provincia.

El fiscal cordobés Enrique Gavier ordenó la prisión preventiva de Florencia Gisel Páez, Laura Nicolina Stancov, Inés María Gutiérrez Lascano y Fabio Javier Altamirano. A los cuatro se les endilga formar parte de una asociación ilícita que habría aprovechado el entramado comercial de la empresa para montar maniobras defraudatorias a través de planes de vivienda.

A las tres mujeres se las sindica como supuestas integrantes de la banda, en tanto que a Altamirano le asignan la función de jefe intermedio. Páez cumplirá la medida en su casa por motivos humanitarios ligados a “circunstancias personales” y al cuidado de su beba de cuatro meses; el resto quedará alojado en unidades penitenciarias.

La decisión se agrega a las disposiciones adoptadas antes contra otros nueve acusados. Cabe recordar que la prisión preventiva constituye una medida cautelar: no equivale a una condena ni establece la responsabilidad penal de los involucrados.

El reclamo desde San Luis

El abogado Maximiliano del Signore, patrocinante de dos familias sanluiseñas, afirmó que esperan que los investigados también deban dar explicaciones ante magistrados provinciales.

De acuerdo con lo que detalló a El Chorrillero, son 10 las denuncias que se unificaron en un único expediente. No obstante, se estima que los posibles afectados llegarían a 50, aunque la mayoría no formalizó una presentación.

Del Signore remarcó que Stancov, una de las detenidas recientes, figuraba entre las personas cuya imputación él había pedido en San Luis. Según sostuvo, la mujer habría rubricado contratos en carácter de apoderada de los hermanos Márquez, papeles que el letrado asegura tener entre la documentación de sus clientes.

“Si nosotros acá estamos diciendo que hay un delito, no puedo esperar a que la Justicia de Córdoba actúe. Tiene que hacer la Justicia de acá la que avance”, reclamó.

El pedido de formulación de cargos en la Justicia de San Luis.

El abogado precisó que las denuncias de sus patrocinados se radicaron en 2024, aunque ya había otras ratificadas con anterioridad. Según su reconstrucción, la causa circuló por distintas fiscalías de la Primera Circunscripción provincial hasta concentrarse en la N°4, que encabeza Javier Amitrano.

En esa línea, planteó que es posible colaborar con la investigación cordobesa sin que haga falta remitir la totalidad de las actuaciones. Enumeró alternativas como tomar testimonios, recepcionar denuncias, efectuar constataciones y ordenar pericias a través de mecanismos de cooperación entre fiscalías y juzgados de ambas provincias.

“Existen instrumentos para que la Justicia de San Luis pueda aportar. Deben considerarlo”, afirmó. Aclaró, además, que no pretende cuestionar de manera personal al fiscal interviniente, dado que tomó el caso cuando ya había pasado por otras tres dependencias.

Asimismo, señaló que aguarda que se notifique a los imputados alojados en Córdoba acerca de las causas abiertas en San Luis. Mediante un escrito impulsó que la Justicia convoque a formulación de cargos a los principales señalados.

“Estamos a la expectativa de que se notifique a esta gente que está ahora presa y que respondan acá”, manifestó.

Contratos, ahorros y viviendas que no llegaron

Las maniobras denunciadas consistían en el ofrecimiento de casas mediante planes de pago y contratos que, en ciertos casos, contemplaban la confección de planos. Los interesados ponían sus propios lotes y desembolsaban dinero con la expectativa de obtener una vivienda que nunca les fue entregada.

Del Signore citó la situación de una de sus clientas, que habría aportado más de $12 millones en aquel momento (cifra muy superior si se actualiza). Según relató, le prometieron una casa de 70 metros cuadrados por ese valor, bajo un esquema que exhibía costos y condiciones de pago accesibles.

Por otro lado, sostuvo que los daños deben evaluarse tanto en sede penal como en el ámbito civil y concursal. Alertó que los trámites pueden extenderse en el tiempo y que la tramitación de concursos y quiebras no asegura que los damnificados recuperen su dinero.

Abogado Maximiliano del Signore.

Otro elemento que aportó es que fue consultado por personas interesadas en sumarse a las denuncias, aunque buena parte terminó desistiendo por el gasto que implica contratar un abogado o porque consideraron que lo perdido no ameritaba litigar.

Dentro de ese grupo, algunas habrían entregado entre $700 mil y $3 millones y decidieron no impulsar acciones judiciales.

Por último, indicó que el grupo empresario reúne más de 5 mil acreedores y que los bienes detectados hasta ahora no alcanzarían para afrontar las deudas. Agregó que habría patrimonio radicado en el exterior.

En simultáneo, la crisis patrimonial de las sociedades ligadas al grupo sigue su trámite en el fuero civil y comercial. El 4 de septiembre, la jueza Ana Silvina Izquierdo, del Juzgado de 52° Nominación, declaró la quiebra de Márquez 4 Elementos SRL.

El fallo ordenó, entre otras disposiciones, el secuestro de bienes y de documentación contable, la inhibición general de bienes y el bloqueo de las cuentas bancarias de la firma.