Una de las múltiples investigaciones por corrupción que apuntan a funcionarios de Alberto Rodríguez Saá derivó en un escándalo: un juez y un fiscal quedaron en el centro de la escena, con cuestionamientos y sospechas sobre sus desempeños. El expediente estuvo frenado durante largo tiempo y ahora llegó la extinción de la acción penal.
El titular del Juzgado de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, resolvió que la acción penal se encontraba prescripta y sobreseyó a Miguel Ángel “Micky” Berardo y a Cintia Ramírez. Fiscalía de Estado ya anticipó que recurrirá la decisión y afirma que el requerimiento para enviarlos a juicio se presentó dentro de los plazos previstos por la ley.
La resolución, rubricada el lunes, suma un nuevo capítulo a la serie de cuestionamientos sobre jueces y fiscales sospechados de parcialidad y de cercanía con la administración de Rodríguez Saá. Una pesquisa por erogaciones cercanas a los $88 millones podría quedar clausurada de manera definitiva y sin debate oral porque, de acuerdo con el magistrado, no se pudo acreditar que el pedido de apertura a juicio hubiera ingresado en tiempo.
Los favorecidos por la decisión son Ramírez, ex secretaria de Deportes que ya cuenta con una condena por corrupción en otro expediente, y Berardo, ex jefe de Gabinete y secretario General de la Gobernación, casado con Carolina Monte Riso, integrante del Superior Tribunal de Justicia. A ambos se les imputaban tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa giraba en torno a contratos con MyD Construcciones para movimiento de suelo, cierre y nivelación de canchas de fútbol en La Punta.
El juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes.
El sobreseimiento por prescripción no equivale a una declaración de inocencia. El propio juez consignó de manera expresa que su fallo no se pronuncia sobre la existencia de las maniobras, la participación de los acusados ni la calificación penal de sus conductas. De quedar firme, bloqueará el juzgamiento y las fuertes sospechas sobre las contrataciones y los pagos quedarán sin una respuesta judicial de fondo.
Fiscalía de Estado apelará la resolución por entender que el magistrado aplicó de forma equivocada la normativa que regula la prescripción de la acción penal.
La actuación de Barbeito, bajo cuestionamiento
Desde Fiscalía de Estado le endilgan al fiscal Ricardo Barbeito una falta de impulso procesal sostenida en el tiempo. Según ese organismo, la causa estuvo prácticamente detenida durante dos años, a pesar de los pedidos reiterados para que el expediente avanzara.
Barbeito era el responsable de llevar adelante la investigación y conducirla al juicio. No obstante, el caso terminó cerrado porque, de acuerdo con Flores Leyes, no se comprobó que el fiscal hubiera presentado el requerimiento dentro del plazo.
El juez estableció que la acción penal vencía el 6 de agosto de 2026, dos años después de la citación a la audiencia de formulación de cargos.
La solicitud de apertura a juicio lleva fecha del 5 de agosto de 2026 y Fiscalía de Estado dejó asentado que la recibió ese mismo día. Para Flores Leyes, sin embargo, eso resultó insuficiente: no había un cargo electrónico ni otro registro que acreditara su ingreso antes del vencimiento. Las defensas fueron notificadas el 21 de agosto.
Fiscal de Instrucción, Ricardo Barbeito.
