El proyecto propone crear la figura de insolvencia del consumidor para que quienes no pueden afrontar sus compromisos acrediten sus ingresos ante un juez y acuerden nuevas condiciones de pago con bancos, financieras, comercios y tarjetas de crédito.
Que alguien superado por una acumulación de obligaciones pueda recurrir a los tribunales para definir cuánto está realmente en condiciones de abonar, conseguir que le perdonen intereses o estirar los vencimientos es el eje de una iniciativa que empezó a delinearse en la Cámara de Diputados puntana. El autor es el legislador por el departamento Pueyrredón, Víctor Moriñigo, quien pretende sumar la figura de la insolvencia del consumidor al marco normativo provincial como salida para quienes atraviesan un cuadro económico que les impide cumplir con sus deudas.
Ante El Chorrillero, Moriñigo contó que la idea nació de un planteo que le acercaron miembros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con los que viene redactando un borrador. El texto prevé reformar el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia para crear un trámite que les permita a las personas humanas resolver sus pasivos a través de un esquema tomado de los concursos preventivos que hoy rigen para las empresas.
El planteo apunta a que un consumidor con deudas originadas en compras, créditos y otros gastos corrientes, que ya no cuente con ingresos suficientes para cubrirlas todas, pueda presentarse por voluntad propia ante un magistrado, exponer su cuadro patrimonial e iniciar una ronda de negociación con quienes le reclaman el dinero.
Durante ese trámite se revisarían sus entradas, su patrimonio y el monto global de lo adeudado. Con control judicial y la actuación de un síndico —un profesional en ciencias económicas— se determinaría qué porcentaje de las obligaciones está en condiciones de cubrir y con qué modalidades. Entre las opciones figuran recortar los montos, eliminar intereses, extender los vencimientos o combinar distintas fórmulas de pago.
"Sería un andamiaje similar, idéntico diría yo, a lo que toma una empresa cuando se declara en insolvencia en la Ley de Concursos y Quiebras", graficó Moriñigo sobre el sentido de la propuesta.
El diputado precisó que la herramienta no abarcaría cualquier obligación, sino únicamente las generadas por consumo. Quedarían incluidas las deudas con bancos, entidades financieras, tarjetas de crédito, comercios y otros acreedores, siempre que puedan documentarse. En cambio, lo adeudado por juegos de azar estaría excluido de manera expresa.
Por ahora el texto transita una fase de estudio y de búsqueda de respaldo profesional. Ya existe un borrador y la intención es avanzar en las próximas semanas con consultas a sectores ligados al derecho y a la actividad económica.
Una salida para quienes ya no pueden afrontar sus compromisos
