Claudio Poggi volvió a realizarse este jueves el estudio toxicológico que exige la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, la norma que fija controles obligatorios para los funcionarios públicos de San Luis. Fue la tercera vez que el gobernador debió cumplir con el trámite, que se concretó a las 8 en los laboratorios de análisis clínicos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), sobre calle Rivadavia, en la capital provincial.
Una vez finalizado el estudio, el mandatario recordó que la norma surgió de su propia gestión, dentro del conjunto de políticas orientadas a prevenir el consumo de estupefacientes ilegales entre quienes ejercen cargos de responsabilidad estatal. Agregó que el texto fue tomado más tarde como modelo por Santa Fe y Neuquén.
“Es una ley que impulsamos durante nuestro gobierno, que establece la obligatoriedad a todos los funcionarios públicos del examen toxicológico. Es una ley, una legislación, yo diría, inédita en el país, que fue replicada al año siguiente por Santa Fe y Neuquén”, dijo.
Para Poggi, la iniciativa fija un requisito ineludible para desempeñarse en la función pública, tanto en el Ejecutivo como en las demás áreas del Estado. “Parte de la premisa y del espíritu de que un funcionario público, un gobernador, un ministro, un director, un magistrado, un juez, un fiscal, un legislador, no pueden consumir drogas ilegales. Mejor dicho, pueden consumir drogas ilegales, pero no ocupando esos cargos de decisión”, sostuvo.
