San Luis lidera el ranking nacional de administración fiscal

Con una gestión enfocada en mantener las cuentas en orden, impulsar el empleo y el emprendedurismo, sostener la vivienda como eje de la obra pública y colocar a la educación en el centro de las políticas públicas, San Luis se convirtió en referencia a nivel nacional.

La provincia se quedó con el primer lugar del ranking de administración fiscal de los distritos argentinos que elabora la consultora Empiria. El informe, que midió el comportamiento de 22 jurisdicciones a lo largo de los últimos cuatro trimestres hasta junio de 2026, dejó a San Luis delante de Formosa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y Córdoba, los otros integrantes del top cinco.

El resultado cobra mayor dimensión si se observa el cuadro económico y financiero que recibió el gobernador Claudio Poggi al iniciar su segundo mandato, el 10 de diciembre de 2023. Por entonces, la Provincia registraba un déficit fiscal prolongado, con erogaciones que excedían los ingresos corrientes y reservas financieras prácticamente agotadas tras ser usadas para tapar esos desfasajes, originados en buena medida en gastos superfluos.

Menos de tres años después de aquel escenario, San Luis llega al podio nacional en una medición que pondera el resultado fiscal, el nivel de endeudamiento, la autonomía financiera y cómo se compone el gasto público.

Los números que colocaron a San Luis en el primer puesto

Entre los indicadores centrales del ranking figura el resultado primario: en San Luis representa el 1,2% del Producto Bruto Geográfico, mientras que el promedio del país es de -0,1%. La cifra da cuenta de una posición fiscal sólida, en línea con la política de equilibrio presupuestario que impulsa el Ejecutivo.

La exposición financiera fue otro factor decisivo. San Luis marcó 0% en la relación entre deuda e ingresos totales, frente a un promedio argentino del 16%. Empiria la catalogó como una provincia sin deuda, uno de los elementos que explican su llegada a lo más alto de la tabla.

El ranking elaborado por Empiria.

La calidad del gasto también jugó a favor. El indicador que utiliza la consultora vincula el gasto de capital con el gasto en personal: en San Luis llega al 32%, contra el 18% del promedio nacional. Es decir, la provincia muestra una proporción comparativamente mayor de recursos volcados a inversión respecto de los que sostienen la planta de personal.

En cambio, en autonomía financiera —la porción que representan los ingresos propios y las regalías sobre el total de ingresos— San Luis anota un 19%, por debajo del 27% promedio del país.

El documento afirma textualmente que “la provincia de San Luis nuevamente se consolida como el distrito con mayor solidez fiscal”. Para Empiria, ese lugar se explica por la conjunción de superávit primario, deuda cero y una buena calidad del gasto, rubro en el que la provincia figura tercera a nivel nacional, aun con una autonomía financiera inferior a la media argentina.

El fondo de la tabla lo ocupan La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El rendimiento puntano se dio en medio de un empeoramiento generalizado de las finanzas provinciales. De acuerdo con Empiria, el primer semestre de 2026 fue el más flojo desde 2017 en materia de resultados fiscales, con ingresos que cayeron 1% real y un gasto total que no registró cambios. En ese lapso, los fondos de origen nacional retrocedieron 3% real y lo destinado por las provincias a obra pública bajó 4%.

De una provincia con déficit crónico al equilibrio fiscal

La comparación con diciembre de 2023 es uno de los puntos clave del presente provincial. Cuando Poggi tomó las riendas del Ejecutivo, San Luis cargaba con desequilibrios fiscales acumulados durante el tramo final de la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Los gastos corrientes excedían a los ingresos habituales y el Estado apelaba de manera sistemática a recursos extraordinarios para cubrir esa brecha.

La Cuenta de Inversión de 2023 mostró un déficit ordinario de $93.125 millones, un número que permitió medir la magnitud del deterioro de las finanzas públicas. El caso fue luego revisado por el Tribunal de Cuentas y por especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que estudiaron cómo evolucionaron los recursos, los gastos y el uso de los activos financieros provinciales.

En los años previos, el Estado había vendido títulos públicos obtenidos en el marco del acuerdo por la deuda que la Nación tenía con San Luis. Ese dinero extraordinario sirvió para financiar déficits sucesivos, pero a medida que se achicaba dejó a la Provincia con menos espacio para cumplir sus compromisos y sostener la inversión pública.

Ante ese panorama, la administración de Poggi aplicó un paquete de austeridad: revisión de contratos, reorganización de organismos y recorte de gastos considerados innecesarios. La meta inicial fue restablecer el equilibrio fiscal y evitar que las obligaciones permanentes del Estado siguieran superando a sus ingresos. En esa línea se inscribe también el combate a la corrupción y la eliminación de nichos.

Hacia fines de 2024, el gobernador comunicó que la Provincia había dejado atrás el déficit y que los recursos volvían a alcanzar para afrontar los gastos. Desde ese momento, el equilibrio de las cuentas públicas quedó instalado como uno de los pilares de la gestión provincial.

En simultáneo, el Gobierno puso en marcha auditorías, revisiones administrativas y presentaciones judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la administración anterior. Estas medidas integran la política de control y transparencia del Ejecutivo, si bien la eventual responsabilidad penal de los exfuncionarios investigados queda en manos de la Justicia.

Educación, empleo y viviendas como prioridades

El ordenamiento de las cuentas avanzó al mismo tiempo que las principales líneas de trabajo de la gestión de Poggi, concentradas en educación, creación de empleo privado y construcción de viviendas. En esos tres ejes se agrupa gran parte de las acciones que el Gobierno despliega para impulsar el desarrollo provincial.

En el terreno educativo, la administración extendió la escolarización en sala de 3 años, puso en marcha programas de comprensión lectora y habilidades matemáticas, capacitó a docentes en inteligencia artificial e intervino en establecimientos escolares. Son iniciativas orientadas a reforzar la formación de los alumnos y ampliar sus oportunidades a futuro.

A la par, se impulsó la articulación entre el sector público y el privado para acompañar inversiones, apuntalar emprendimientos y generar trabajo. Las mesas sectoriales, las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los acuerdos para incorporar beneficiarios del Plan de Inclusión a empresas integran esa estrategia. También se desarrollaron programas para emprendedores y pymes, con asistencia técnica y acceso a crédito.

La vivienda es otro de los destinos centrales de la inversión pública provincial. Mediante el programa “Tenemos Futuro”, el Gobierno lleva adelante nuevos desarrollos habitacionales y avanza con la regularización dominial de unidades entregadas en etapas previas. La obra habitacional es una de las grandes apuestas en infraestructura, tanto por su efecto social como por su impacto en la actividad económica y el empleo.

A ese conjunto se suman las refacciones y ampliaciones de centros de salud, la modernización de los servicios públicos y la planificación en materia hídrica y energética. Los planes maestros del Agua y de Energía, elaborados con apoyo del CFI, apuntan a fijar prioridades de inversión a largo plazo que acompañen el crecimiento productivo de San Luis.

Qué es Empiria y cómo elaboró el ranking

Empiria es una consultora argentina dedicada al análisis económico y financiero, conducida por el economista Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de la Nación y exministro de Economía bonaerense. La firma produce estudios sobre cuentas fiscales, endeudamiento, actividad económica y políticas públicas a partir del procesamiento de información económica y financiera.

Para armar el ranking tomó datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), que funciona en el Ministerio de Economía de la Nación, y aplicó una metodología propia basada en cuatro indicadores. El resultado primario medido contra el Producto Bruto Geográfico (PBG) pesa el 50% de la evaluación; la calidad del gasto, el 30%; y la autonomía financiera y la exposición al endeudamiento aportan 10% cada una.

Para obtener el índice general, la consultora estandarizó los valores de cada variable según su promedio y su dispersión. Ese método permitió unificar los cuatro indicadores en una única calificación y comparar entre jurisdicciones.

El período analizado abarca los cuatro trimestres que van de julio de 2025 a junio de 2026. La medición incluye 22 jurisdicciones: La Pampa y Santiago del Estero quedaron afuera porque no presentaron información completa del lapso relevado.