La Cámara alta dio media sanción a los cambios en la Ley Nacional de Salud Mental

Ya entrada la madrugada de este viernes, el Senado dio luz verde a la reforma de la ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Ejecutivo, un texto que se discutía desde hacía meses y que despertó polémica por las modificaciones previstas en el esquema de atención y en el modo de financiar su implementación.

La iniciativa, que retoca diversos puntos de la Ley 26.657 —en vigor desde 2010— y que el oficialismo presentó como una puesta al día del sistema de salud mental, obtuvo la media sanción con 42 votos a favor y 21 en contra, y pasó a la Cámara de Diputados.

El texto introduce cambios en materia de internaciones involuntarias, participación de equipos interdisciplinarios y abordaje de personas con consumos problemáticos y otras adicciones.

La senadora puntana Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza), encargada de informar el proyecto en su rol de presidente de la comisión de Salud, reconoció que la norma vigente "consagró derechos y garantías valiosas", aunque sostuvo que sus resultados "han sido insuficientes para garantizar la efectividad de esos derechos" y remarcó que "hay que dotar al sistema de herramientas adecuadas".

La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Arrascaeta mencionó las presentaciones de “más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del derecho”, y no tardó en apuntar contra la legislación actual.

“La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, señaló.

La legisladora indicó que los cambios propuestos fueron analizados por el Consejo Federal de Salud y subrayó que "se cambia la expresión padecimiento por afección o trastorno mental, que permite intervenir a tiempo".

También afirmó que, desde la aprobación de la norma actual, "la internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser la respuesta a la falta de casas y de familias".

Y agregó: "El plan de salud mental reconoce en el modelo de la atención modelos dispares, pero se establece un marco común para que cada provincia aplique según sus recursos, porque la ley quedó desactualizada".

La senadora planteó que el objetivo es "llegar a tiempo" y "no dejar solas a las familias", y añadió que "los médicos, enfermeros y psicólogos necesitan una herramienta que los respalde".

Para Arrascaeta, la reforma significa "oportunidad, cercanía y continuidad en el cuidado para que cada persona pueda recuperar su vida y para que no se llegue nunca tarde".

Patricia Bullrich, al frente del bloque oficialista, respaldó la modificación impulsada por el Gobierno.

"Lo que estamos planteando es que esta internación involuntaria sigue siendo un hecho excepcional. El centro es la atención integral de la salud mental de las personas y para eso se plantean una serie de derechos que tienen los ciudadanos frente al tratamiento de salud mental. La excepción es trabajar con herramientas para prevenir un daño grave", expresó la senadora de La Libertad Avanza.

El detalle de los votos a favor -verde-, en contra -rojo- y las ausencias -color más claro- en la definición en general de la ley de salud mental.

El proyecto

En el capítulo de internaciones, la figura del psiquiatra deja de ser excluyente y se admite un médico —con preferencia por esa especialidad— o un profesional con formación en salud mental, acompañado por una segunda firma, pensada para un psicólogo, que participará de la evaluación y de una eventual alta. Como en ese punto también figuraba el término “preferentemente”, se acordó eliminarlo para evitar interpretaciones y porque no existe otra profesión que pueda reemplazarla.

Se adopta una definición más abarcativa de adicciones —que incluye, por ejemplo, la ludopatía—, se delimita qué familiares pueden representar a los pacientes, se establecen distinciones entre adultos y población infanto-juvenil, y se prohíben los manicomios. Además, se prevé un plan de egreso con metas y seguimiento, junto con directivas “anticipadas” de prevención en salud mental.

El pleno de la Cámara Alta durante la sesión realizada entre ayer y la madrugada de hoy. (Prensa Senado)

Respecto de los familiares, la participación queda acotada a padres o hijos, y se conservan representantes legales, cónyuges y convivientes. Un punto relevante: si no aparecen responsables, el Estado queda obligado a garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para la atención a cargo de equipos infantojuveniles y los dispositivos separados de los de adultos se suman la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. Si debiera concretarse una internación en unidades de adultos, solo procederá ante una imposibilidad acreditada y por el lapso mínimo indispensable.

Junto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se repone un listado de alternativas: atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. Asimismo, se reconoce el derecho a aceptar o rechazar tratamientos por anticipado y a designar personas que manifiesten el consentimiento si el paciente no puede hacerlo, algo que se modifica cuando existe riesgo grave para la vida.