Los Sauces, la firma inmobiliaria sin oficinas ni personal que el clan Kirchner controlaba puertas adentro

Durante las jornadas iniciales del debate oral por las causas Hotesur y Los Sauces, el Ministerio Público Fiscal empezó a desplegar los argumentos de su imputación contra la ex jefa de Estado Cristina Kirchner y el legislador Máximo Kirchner, describiendo la red familiar que habría servido de soporte a un esquema destinado a blanquear fondos.

De acuerdo con el material probatorio reunido durante la pesquisa, Los Sauces S.A. nació el 7 de noviembre de 2006 en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, por iniciativa de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y de su hijo Máximo. La constitución se formalizó ante el escribano Jorge Marcelo Ludueña, también procesado en el expediente.

En su acta fundacional, la sociedad de la familia que entonces ocupaba la Casa Rosada figuraba habilitada para desarrollar “actividades inmobiliarias, comerciales, hoteleras, turismo y servicios”.

Se constituyó con un capital de $100.000, distribuido en un 45% para Néstor, un 45% para Cristina y el 10% restante para su hijo. Máximo quedó entonces como presidente del directorio y sus padres ocuparon los cargos de directores suplentes.

En el requerimiento de elevación a juicio, la acusación encabezada por el fiscal Diego Velasco señaló que entre 2006 y 2016 los órganos sociales de Los Sauces “permanecieron en manos de los miembros de la familia Kirchner y/o de personas de su círculo familiar”, y que además fueron conformados de manera “espejada”.

El diputado condujo la compañía hasta 2015, cuando la presidencia pasó a manos de Romina de los Ángeles Mercado, hija de la ex gobernadora santacruceña Alicia Kirchner y sobrina de los ex mandatarios.

“Al tratarse de un caso de corrupción que involucraba a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, fue necesario que la firma Los Sauces fuera comandada por personas de confianza”, planteó el escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 5.

Máximo y su poder dentro de la empresa familiar

Según el documento del fiscal, la familia sostuvo durante años “un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo familiar”, con el objetivo de “garantizar la realización de la maniobra de lavado de activos” de manera “conjunta y coordinada”.

Una vez creada la sociedad, el directorio quedó integrado por Máximo Kirchner en la presidencia y sus padres como suplentes. En las asambleas de 2007 y 2008, las primeras dos, los tres dieron el visto bueno a los ejercicios económicos.

La situación cambió en 2009: cuando la empresa comenzó a operar con alquileres a “empresarios amigos” como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza, el hijo del matrimonio presidencial recibió poderes de sus padres para representarlos y resolver por “unanimidad”.

De ese modo, hasta su salida del directorio en 2015, fue quien aprobó los balances, convalidó la compra de inmuebles y la edificación de propiedades, además de los contratos de locación con las compañías investigadas por su participación en el circuito de lavado.

Luego de la muerte de Néstor Kirchner en 2010, en 2012 se incorporó a la empresa familiar Florencia Kirchner como vicepresidenta. Desde 2015, Mercado ocupó el lugar que había dejado Máximo.

Para los fiscales, tanto los hijos de los ex presidentes como su sobrina “se encargaron de aprobar la compra de las propiedades con las que se instrumentó el lavado de dinero, de aceptar aportes irrevocables de los accionistas, de suscribir los contratos de locación y de recibir y manejar el flujo de dinero”.

Una inmobiliaria sin sede, sin empleados y sin actividad

En el transcurso de la investigación, los acusadores detectaron distintas anomalías en el funcionamiento de Los Sauces. Entre ellas, que carecía de un domicilio social donde desarrollar tareas y que tampoco contaba con personal.

La imputación remarca que, aunque en la documentación figuran tres direcciones vinculadas a la inmobiliaria de los Kirchner, ninguna poseía una estructura compatible con una empresa del rubro: una correspondía a un estudio contable, otra era la vivienda particular de Máximo Kirchner y la tercera, el estudio del contador Víctor Manzanares.

Además, entre 2006 y abril de 2010 la sociedad no tuvo ningún trabajador registrado. En esa fecha sumó al primero: el jardinero personal de Cristina Kirchner. En junio de 2015 incorporó a una segunda empleada, su hija Florencia Kirchner. La Justicia subrayó que hasta el momento se ignora qué tareas desempeñaban ambos.

Uno de los datos que más llamó la atención fue que la firma atravesó una “larga etapa de pasividad e inactividad” desde diciembre de 2006 hasta enero de 2009, momento en que inició su actividad comercial.

En ese lapso, la sociedad desarrolló un “proceso de adquisición de una decena de propiedades, terrenos y hoteles, cuya incorporación en la firma le permitiría luego canalizar fondos de origen ilícito en concepto de alquileres y acrecentar exponencialmente el patrimonio de la sociedad”.

A ese presunto circuito de lavado se agrega que “llamativamente el arrendamiento de ninguna propiedad de la firma fue tratado, analizado ni aprobado por el órgano de administración”, mientras que, según la Fiscalía, los contratos se otorgaron “directamente a las firmas de los ‘empresarios amigos’”. (NA)