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Villa Mercedes

Obligaba a su pareja a prostituirse, la golpeaba y le sacaba toda la plata: le dieron cinco años de prisión

Hugo Ariel Bazán admitió los episodios ocurridos en 2014, cuando la mujer viajó desde Buenos Aires con su nieta de dos años tras la promesa de un trabajo. El caso salió a la luz porque él mismo denunció que otros la explotaban, y el fallo incluye una indemnización de $14,7 millones.

Por Redacción
Hugo Ariel Bazán fue condenado a cinco años de prisión por explotar económicamente la prostitución de su pareja en Villa Mercedes.
Hugo Ariel Bazán fue condenado a cinco años de prisión por explotar económicamente la prostitución de su pareja en Villa Mercedes.

Todo empezó con una oferta laboral. En febrero de 2014, una mujer y su nieta de dos años y ocho meses dejaron la provincia de Buenos Aires y se instalaron en Villa Mercedes. Lo que parecía el inicio de otra vida derivó en un cuadro de total desprotección que fue explotado por el hombre que viajaba con ellas. A lo largo de casi cinco meses, Hugo Ariel Bazán (51) sometió a quien entonces era su pareja a una maquinaria de explotación sexual y económica: le indicaba en qué lugar debía prostituirse, le imponía jornadas que se estiraban hasta la madrugada, se quedaba con todo lo recaudado y recurría a golpes e intimidaciones para sostener ese control.

Doce años más tarde, el Tribunal Oral Federal de San Luis le impuso cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por explotación económica de la prostitución ajena, con los agravantes de engaño, violencia, amenazas, aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima y convivencia entre ambos.

La resolución se conoció este miércoles y lleva la firma de la jueza Gretel Diamante, que convalidó un acuerdo de juicio abreviado suscripto por el fiscal federal subrogante Cristian Rachid, el defensor público oficial coadyuvante Sebastián Crespo y el imputado, quien admitió lo sucedido y asumió su responsabilidad penal.

El fallo fijó además una reparación de $14.718.350,18 a favor de la damnificada y reconstruyó un derrotero de violencia que llegó a los tribunales por una vía insólita: fue el propio Bazán quien se presentó en la Policía Federal para denunciar que terceros forzaban a su pareja a prostituirse. Las pesquisas posteriores revelaron que el explotador era él.

El trabajo prometido que derivó en el desamparo

En febrero de 2014, Bazán persuadió a su pareja de dejar la localidad de Libertad, en el partido bonaerense de Merlo, para mudarse a Villa Mercedes. La mujer viajó con su nieta, de dos años y ocho meses, que estaba exclusivamente a su cargo.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, detrás de la mudanza había una promesa de empleo: él trabajaría como maquinista vial y ella como mucama. Los tres hicieron el viaje a dedo, en transportes informales, y al llegar descubrieron que esos puestos de trabajo nunca habían existido.

Sin plata, sin techo y sin familiares que pudieran darles una mano en San Luis, encontraron amparo en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde el sacerdote a cargo los asistió. En esos días Bazán hacía changas y pedía monedas en la calle, mientras la mujer también debía resolver la alimentación y el cuidado de la nena.

Hugo Ariel Bazán recibió una pena de cinco años de prisión por explotar económicamente la prostitución de su pareja en Villa Mercedes. (Imagen generada con IA)

La estadía en la parroquia tenía fecha de vencimiento. Ante la urgencia de conseguir un techo, se mudaron a la pensión María de Fátima, en Villa Mercedes. En ese escenario de pobreza extrema y sin vivienda, la mujer empezó a ejercer la prostitución en la calle para cubrir sus gastos y los de la niña.

En lugar de aportar una salida, Bazán empezó a quedarse con lo que ella ganaba. La sentencia tuvo por probado que se valió de su vulnerabilidad para financiar su propia subsistencia y el pago del alojamiento con ese dinero.

Diamante retrató el sometimiento al evaluar la situación de la víctima: "Dicho escenario de necesidad extrema fue capitalizado por Bazán para inducirla y mantenerla en el ejercicio de la prostitución sobre la Ruta Nacional N° 7, apropiándose del producido económico mediante agresiones físicas, amenazas e intimidaciones que condicionaban cualquier pretendida autonomía de la voluntad".

Horarios interminables, intimidaciones y manejo de la recaudación

El sometimiento se prolongó desde febrero hasta el 17 de julio de 2014. En ese lapso, Bazán fijaba el sitio donde ella debía ofrecer servicios sexuales: las cercanías de una estación de servicio sobre la Ruta Nacional 7, frente al predio comercial de Diarco, en Villa Mercedes.

También resolvía por su cuenta los días y las franjas horarias. La mujer tenía que permanecer allí desde temprano por la mañana hasta bien entrada la noche, sin pausas, y luego entregarle hasta el último peso que juntaba.

El condenado argumentaba que ese dinero era necesario para pagar la pieza de la pensión. No obstante, la investigación probó que lo destinaba tanto al alojamiento como a sus propios gastos y consumos personales.

Hugo Ariel Bazán recibió una pena de cinco años de prisión por explotar económicamente la prostitución de su pareja en Villa Mercedes. (Imagen generada con IA)

Al dominio sobre la plata se sumaban los golpes y las amenazas. Bazán la agredía físicamente para reclamarle dinero y garantizar que siguiera prostituyéndose. Además la amedrentaba advirtiéndole que le haría daño a ella y a su nieta, una intimidación de peso particular por el vínculo de dependencia y la responsabilidad que la mujer tenía sobre la pequeña.

El control se extendía también a sus movimientos y contactos: el acusado le retenía la documentación personal y las llaves, y le ponía trabas para que se comunicara con sus familiares o pidiera auxilio.

Para la Justicia, ese conjunto de circunstancias redujo drásticamente su margen de decisión y su posibilidad de escapar. La mujer no era de San Luis, no tenía ingresos propios ni una red de contención a mano, y al mismo tiempo debía sostener a una nena muy chica.

La resolución concluyó que no se trató de un provecho económico aislado, sino de una dinámica de explotación sostenida durante meses, basada en el control de la actividad de su pareja, la apropiación de sus ganancias y el uso de la fuerza.

El golpe que cortó el sometimiento

El 17 de julio de 2014, un episodio de violencia física dentro de la pensión María de Fátima marcó el cierre del período de explotación que quedó acreditado en el expediente.

La dueña del lugar intervino tras la agresión y le exigió a Bazán que se fuera. Su testimonio fue luego incorporado a la causa y resultó una de las piezas tenidas en cuenta para reconstruir lo ocurrido.

Pero el caso todavía guardaba una vuelta de tuerca.

Hugo Ariel Bazán recibió una pena de cinco años de prisión por explotar económicamente la prostitución de su pareja en Villa Mercedes. (Imagen generada con IA)

El 5 de octubre de ese año, casi tres meses después del final de la explotación, Bazán se acercó a la División Unidad Operativa Federal Villa Mercedes de la Policía Federal Argentina y denunció que su expareja estaba privada de su libertad y que otras personas la obligaban a prostituirse en la vía pública, sobre la Ruta 7.

Esa presentación motivó las primeras actuaciones policiales. Sin embargo, las diligencias posteriores —entre ellas las tareas de campo de los investigadores federales— echaron por tierra la versión del hombre y permitieron concluir que el explotador era el propio denunciante.

Los pesquisas establecieron que Bazán había recurrido a amenazas y violencia física para apoderarse de los ingresos de su pareja y mantenerla sometida durante todo el tiempo que vivieron en Villa Mercedes.

Un expediente que demoró más de una década en cerrarse

Si bien las primeras actuaciones datan de octubre de 2014, el trámite judicial se estiró durante años. Recién el 27 de julio de 2023 se pidió por primera vez la declaración indagatoria de Bazán, casi nueve años después del inicio de la causa.

En febrero de 2024 se dispuso su captura y el 23 de mayo de 2025 fue ubicado y detenido en Resistencia, Chaco. Tres días más tarde declaró en indagatoria y quedó sujeto al proceso penal.

Desde entonces está alojado en el Complejo Penitenciario N° 1 de San Luis.

Entre las pruebas se reunieron informes de la Policía Federal, documentación judicial, antecedentes de otros expedientes vinculados a la víctima, informes socioambientales y declaraciones de testigos. También se sumó el relato de la mujer, tomado en Cámara Gesell con asistencia especializada del Área de Prevención de Trata de Personas de San Luis.

Se revisaron además actuaciones de la Justicia de Familia y Menores de Villa Mercedes vinculadas a la situación de la niña que estaba al cuidado de la víctima, junto con informes de organismos de asistencia y documentación aportada por la parroquia que les había dado alojamiento.

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento el 15 de octubre de 2025. Luego, el 20 de mayo de 2026, la Fiscalía Descentralizada de Villa Mercedes pidió la elevación a juicio.

Ya en el Tribunal Oral Federal de San Luis, y antes de que se celebrara el debate, las partes cerraron un acuerdo de juicio abreviado que se presentó el 13 de octubre.

En su resolución, Diamante se detuvo en la dilación del trámite. Remarcó que habían pasado más de 12 años desde el comienzo de las actuaciones y que ese tiempo debía pesar al momento de graduar la pena, aunque eso no implicara minimizar la gravedad de los hechos probados.

Por qué la Fiscalía dejó de lado la imputación por trata de personas

Uno de los puntos jurídicos clave del fallo fue el cambio en la calificación legal, que abrió la puerta al juicio abreviado.

Durante la instrucción se le había imputado a Bazán trata de personas con fines de explotación sexual mediante reducción a servidumbre, agravada por diversas circunstancias, en concurso ideal con explotación económica de la prostitución ajena.

Al repasar la totalidad de la prueba, en cambio, Rachid entendió que persistían dudas sobre un punto específico de la acusación por trata: si el traslado desde Buenos Aires hacia Villa Mercedes había sido planificado desde el inicio con el objetivo de explotar sexualmente a la mujer.

Fiscal Federal, Cristian Rachid. (Foto archivo)

Para sostener esa lectura, ponderó que la pareja ya vivía junta en Buenos Aires sin que se hubiera probado una explotación anterior y que, al llegar a San Luis, los dos atravesaron una precariedad económica extrema, con alojamiento provisorio en una parroquia y serias dificultades para conseguir ingresos.

El representante del Ministerio Público Fiscal planteó que esos elementos no permitían sostener, con la certeza exigida, que el viaje hubiera obedecido originalmente a un plan de explotación sexual.

El cambio no implicó descartar los hechos violentos ni el aprovechamiento económico posterior. Al contrario, la Fiscalía dio por acreditado que Bazán se quedó con el dinero que obtenía la víctima y se valió de amenazas, golpes y otras formas de coerción para perpetuar esa situación.

Por eso propuso encuadrar la conducta únicamente como explotación económica de la prostitución ajena agravada, figura contemplada en el artículo 127 del Código Penal.

La jueza Diamante avaló el cambio al entender que estaba debidamente fundado y sustentado en la prueba. Asimismo, constató que Bazán hubiera admitido los hechos de manera libre y que comprendiera los alcances del acuerdo firmado con la Fiscalía y su defensa.

Así, el proceso terminó con una condena por explotación económica de la prostitución ajena agravada y no por el delito que se le había atribuido en un primer momento.

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