Dictaron el procesamiento de una partera de 88 años sospechada de comercializar recién nacidos

D.E.V., una obstetra de 88 años a quien apodan Dolly, fue procesada por el Juzgado Federal N°4 de Rosario por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años, junto con falsedad ideológica de instrumento público. La causa tiene como damnificado a un hombre que nació en 1978.

El fallo lleva la firma del juez federal Carlos Vera Barros y se dictó después de que la acusada prestara declaración indagatoria. Se trata del primer expediente judicial abierto contra la partera, impulsado por la denuncia de un hombre de 48 años que sostuvo haber sido entregado de manera ilegal a una familia y que su identidad fue reemplazada mediante documentos con datos falsos sobre su origen biológico.

Ese caso funcionó como disparador: luego aparecieron otras cuatro denuncias por episodios equivalentes, que derivaron en una pesquisa separada que continúa su curso en la Unidad Fiscal Rosario.

En ese otro legajo, la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario indaga si la obstetra cometió los mismos ilícitos contra al menos cuatro personas más, nacidas entre 1968 y 1980.

Durante la indagatoria de este expediente se le enrostró "haber realizado el 9 de septiembre de 1978 declaraciones falsas en el acta de nacimiento en la cual insertó, en su carácter de obstetra, que N.L. y R.N.F. eran la madre y el padre biológicos de un niño al que hicieron anotar como R.C.F., instrumento que luego utilizaron para la obtención de Documento Nacional de Identidad del menor de edad".

Según la acusación, esa maniobra volvió incierta, modificó y suprimió la identidad del bebé, quien al día de hoy "desconoce su verdadera filiación materna y paterna", según consigna el portal Fiscales.

Al definir la situación procesal, el magistrado dio por probada la materialidad de los hechos con la prueba reunida en el expediente. Entre ella ponderó el acta de nacimiento del Registro Civil, con fecha 31 de mayo de 1979, donde figura que el niño había nacido el 9 de septiembre de 1978 y que sus padres eran N.L. y R.N.F., ambos ya fallecidos.

Otro elemento tenido en cuenta fue un análisis de ADN que R.C.F. se practicó en 2014, cuyos resultados descartaron todo vínculo de maternidad y paternidad entre el denunciante y quienes figuraban como "madre" y "padre" en las muestras.

Al expediente también se sumó un informe del Ministerio de Justicia de la Nación, enviado a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que alertó al juzgado sobre otros siete casos parecidos al de R.C.F.: personas que dudan de su identidad y cuyas partidas de nacimiento fueron rubricadas por la obstetra D.E.V.

Al declarar, el denunciante se definió como "víctima de la venta de bebés" y aseguró que fue adoptado de manera ilegal y que le sustituyeron la identidad. Contó que, tras conocer el resultado del estudio genético, su madre de crianza le confesó que, como no podían tener hijos, acudieron a una partera de la zona sur de Rosario, que les consiguió "el bebé varón que ellos querían".

Una vecina, por su parte, rememoró que en 1978 la madre del denunciante le comentó que tenía un bebé. De acuerdo con su testimonio, la aparición del chico fue repentina e inesperada, porque nunca la había visto embarazada.

Otra testigo contó que, a comienzos de septiembre de 1978, la mujer la llamó por teléfono y le pidió que fuera hasta su casa para mostrarle "algo". Al llegar, se encontró con un recién nacido de bajo peso.

El juez valoró además los objetos secuestrados en febrero de 2026 durante un allanamiento en la vivienda de la obstetra. En ese operativo se incautaron un "certificado de nacido vivo en blanco", el diploma que acreditaba su título de obstetra expedido por la Universidad Nacional del Litoral en 1958 y talonarios de recetas sin completar.

Sobre la responsabilidad de la acusada, Vera Barros afirmó que Dolly insertó o hizo insertar datos falsos en el acta de nacimiento N°898, letra N, del Registro Civil, correspondiente a la inscripción de R.C.F. Allí dejó asentado, en su condición de obstetra, que N.L. y R.N.F. eran los padres biológicos del niño, lo que habilitó la inscripción registral y la posterior entrega de un documento nacional de identidad.

El magistrado sostuvo también que la prueba acumulada permite deducir que la imputada, "en su calidad de obstetra de una institución pública, tenía acceso a documentos oficiales que certificaban nacimientos y, en este caso, los utilizó para asignar identidades biológicas falsas a recién nacidos ya que tenía el conocimiento y la posibilidad material de falsificar un nacimiento, entregar certificados a otras personas no gestantes y, con su accionar, habría tornado incierta, alterada y suprimida la identidad del bebé recién nacido".

Con esos fundamentos, resolvió procesarla como autora de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público, y trabó un embargo de $10 millones sobre sus bienes. (NA)