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Ueno Bank, el derrumbe que arrastró a Santiago Peña fuera del poder en Paraguay

Abandonado por su propio partido, el mandatario paraguayo dejó el cargo mientras se profundizaba la crisis por la caída de Ueno Bank, una trama que lo salpica de manera directa y que ya tenía listo su juicio político en el Congreso.

Por Redacción
Santiago Peña renunció este jueves a la presidencia de Paraguay, antes de que avanzara un juicio político en su contra.
Santiago Peña renunció este jueves a la presidencia de Paraguay, antes de que avanzara un juicio político en su contra.

La dimisión llegó después de 48 horas de colas interminables frente a las sucursales, inquietud generalizada y movilizaciones en las calles, en un país que apunta a convertirse en plataforma financiera de la región tras alcanzar el grado de inversión gracias al aval de dos de las calificadoras de riesgo más influyentes del planeta. El detonante fue la intervención, el martes, de Ueno, una entidad utilizada por más de la mitad de los adultos paraguayos que, de acuerdo con los reguladores, violó los topes de crédito a firmas relacionadas.

La intervención del BCP

De madrugada, con el país dormido, el Banco Central de Paraguay (BCP) puso en marcha el martes la resolución de Ueno al constatar "una insuficiencia en su índice de solvencia", que había caído por debajo del piso exigido del 50%.

Con esa resolución, las oficinas bajaron las persianas y se frenaron las operaciones. El organismo monetario sostuvo que era "un caso puntual" sin correlato en el resto del sistema financiero y recalcó que "la protección de los depositantes es una prioridad".

Esa misma jornada presentó su renuncia el titular del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de llegar a la conducción del organismo había estado al frente de la Financiera Ueno, el antecedente del banco intervenido.

Ascenso meteórico de Ueno

En 2023, Ueno pasó de financiera a banco y creció apoyada en un esquema de banca digital y una agresiva política de posicionamiento de marca, alimentada con dinero de organismos estatales. Su nombre figura como auspiciante de competencias deportivas de primer nivel, clubes de fútbol y la Selección paraguaya.

"Se utilizaron esos fondos para hacer un marketing muy importante que le permitió, a través del marketing y sobre todo de unas devoluciones en tarjeta de crédito —aceptando básicamente cualquier tipo de cliente—, crecer muy rápido en términos de gente", explicó a CNN el economista paraguayo Manuel Ferreira Brusquetti, que fue ministro de Hacienda entre 2012 y 2013. "Después empezó este proceso de desvío de fondos hacia empresas vinculadas al grupo, que es lo que terminó en esta situación", completó.

El cuestionamiento central apunta a los préstamos otorgados a compañías ligadas a los dueños de la entidad. El accionista mayoritario de Ueno es el conglomerado Grupo Vázquez, y esos créditos habrían excedido ampliamente lo permitido por la norma.

"Gran parte de las operaciones eran operaciones vinculadas. Acá la ley permite solamente hasta un monto de 20% del patrimonio efectivo, que eran más o menos US$ 80 millones de dólares. (Pero) los créditos vinculados, lo que sabemos hasta ahora, son de US$ 628 millones, superó muy lejos ese monto, lo que habla de un proceso de vaciamiento", añadió Ferreira.

CNN buscó la versión de Ueno y aguarda una respuesta. La entidad no difundió ningún comunicado desde que el BCP tomó el control. Ese mismo día dimitió el presidente del Central, Carlos Carvallo, que previamente había conducido la Financiera Ueno.

Ferreira señaló que el banco pudo operar así porque tuvo "apoyo de los directivos del Banco Central y de la Presidencia, que es lo que le está costando el juicio político hoy al presidente".

Acusación al presidente

Los sectores opositores le imputaron al mandatario conflicto de intereses, manipulación de la regulación y encubrimiento institucional por parte del BCP, entre otros cargos. Peña, economista de perfil conservador que asumió en 2023, mantuvo acciones del Grupo Vázquez hasta marzo del año pasado, cuando se desprendió de ellas.

Al anunciar su salida, el presidente no respondió de manera específica a esas imputaciones. "Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", dijo en el video que grabó.

El jueves por la mañana fue el propio oficialismo el que se sumó al pedido de destitución. "Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República", escribió el expresidente Horacio Cartes, titular del Partido Colorado y uno de los grandes impulsores de la carrera política de Peña.

Sin los votos de su propio bloque, el desenlace estaba sellado. Queda por saber, sin embargo, si el trámite legislativo sigue adelante. En caso de que el Congreso acepte la renuncia, Peña mantendrá sus fueros por ser senador vitalicio.

En el plano judicial, la Fiscalía dispuso la captura de ocho directivos cuyos nombres no divulgó e informó que 27 personas fueron imputadas por "presuntas irregularidades financieras" en operaciones concretadas entre 2025 y 2026, entre ellas préstamos y sobregiros.

Miguel Vázquez, directivo del banco y CEO del Grupo Vázquez, se presentó ante la policía luego de que se ordenara su detención. Álvaro Cáceres, uno de sus defensores, calificó la medida de "injusta" y denunció una "desigualdad procesal", por lo que solicitará prisión domiciliaria.

Reacción a la crisis

Luego de la intervención, el BCP puso en marcha el Fondo de Garantía, que alcanza hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica (cerca de US$ 38.600), y anunció que los ahorristas cobrarían a partir del viernes un primer desembolso de unos US$ 1.600, según adelantó el miércoles Gabriela Frías, de CNN.

Peña, en tanto, promulgó una ley sancionada a toda velocidad para liberar esos recursos a los clientes y puso al economista Raúl Vera al frente del Banco Central.

Las medidas, sin embargo, no calmaron los ánimos. Durante dos noches seguidas hubo protestas ciudadanas en Asunción contra las autoridades.

Al mismo tiempo se difundían reportes de fallas en aplicaciones de otros bancos, lo que alimentó rumores y desinformación.

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) indicó que las entidades estaban abocadas a procesar el enorme caudal de personas que migraban sus cuentas, un requisito para poder cobrar los fondos habilitados por el BCP. El Banco Familiar informó el miércoles que en dos días había abierto "aproximadamente 60.000 cuentas".

"Acá se creía que ayer había una corrida en varios bancos. Se formaban filas en frente a los bancos que confundieron y generaron un ambiente de nerviosismo", describió Ferreira.

Las marchas también canalizaron el enojo contra el Gobierno por los depósitos de organismos estatales colocados en el banco liquidado.

Hasta futbolistas de la selección reclamaron a las autoridades que procedan "con fuerza" contra los responsables. "No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente", expresaron en una carta que el capitán Gustavo Gómez compartió en redes sociales. El representante de jugadores Rodrigo Codas afirmó el martes que al menos diez futbolistas tenían allí ahorros que, sumados, alcanzan "ocho cifras en dólares".

Una mancha para Paraguay como destino de inversiones

Si bien el Gobierno descartó un efecto contagio hacia otras entidades, el episodio golpea la imagen de Paraguay como destino emergente de capitales externos, buena parte de ellos brasileños, seducidos por la estabilidad macroeconómica y un clima favorable para los negocios.

El episodio abrió interrogantes sobre la autonomía y la capacidad fiscalizadora del Banco Central, y también sobre los vínculos entre los grandes grupos empresarios y la política.

"Muchos informes de investigación y reportes de organismos internacionales siempre unos señalaron las debilidades institucionales que enfrenta la arquitectura estatal en general", dijo a CNN la economista Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep). Entre los puntos débiles que considera decisivos en esta crisis, destacó "la ausencia de normas que prohíban y penalicen la 'puerta giratoria' y los conflictos de interés", algo que, afirmó, sirvió al sector privado para obtener rentas extraordinarias y privilegios; también mencionó la "sensación de impunidad por las fallas graves del sistema judicial".

"Hay que analizar desde muchas aristas y plantear soluciones que están pendientes desde hace décadas y para las que hay soluciones que no se implementaron", agregó la investigadora.

Ferreira, por su lado, apuntó a deficiencias en los mecanismos de control. "Este es un banco sistémico, por lo cual hay una vigilancia localizada permanente. La Superintendencia de Bancos entrevió informes desde ya hace mucho tiempo a los distintos responsables, sobre todo al directorio del Banco Central, que hizo caso omiso", afirmó. CNN consultó al BCP sobre esas acusaciones y no obtuvo respuesta inmediata.

Pese a todo, el exministro valoró que "se están activando mecanismos institucionales que creo que son los normales y lo que tendrían que existir en este caso", algo que interpretó como una señal positiva. (CNN)

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