El representante del Ministerio Público Fiscal ante la Justicia federal, Gerardo Pollicita, solicitó que el expediente que apunta a Manuel Adorni abandone la calificación de enriquecimiento ilícito y sea derivado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, con el objetivo de establecer si el exjefe de Gabinete incurrió en infracciones de carácter tributario.
La decisión llegó luego de que el fiscal revisara los descargos del exfuncionario sobre su situación económica, puntualmente el dinero que él adjudicó a operaciones con Bitcoin concretadas antes de asumir en el Gobierno. A criterio de Pollicita, el material probatorio acumulado resulta insuficiente para refutar esa versión y afirmar que hubo un crecimiento patrimonial sin justificación mientras ejercía funciones públicas.
De todos modos, el planteo no supone dar por terminada la pesquisa ni sobreseer a Adorni. El fiscal remarcó que aparecen señales de eventuales anomalías en la declaración de ingresos, en la tenencia de divisas y en las operaciones con criptoactivos, aspectos que deberán ser estudiados por el fuero especializado en delitos económicos.
El escrito quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, a quien le corresponderá definir si convalida la modificación de competencia y ordena el envío de las actuaciones.
El foco de la investigación había estado puesto en cómo evolucionó el patrimonio de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026, etapa en la que se desempeñó en el Poder Ejecutivo.
En ese tramo, la fiscalía contabilizó erogaciones por US$402.578, de las cuales unos US$374.000 se habrían cancelado en billetes. Asimismo, registró un desfasaje de más de $43 millones entre los ingresos acreditados y los gastos efectuados.
Como explicación de esos movimientos, Adorni afirmó que destinó alrededor de US$200.000 a Bitcoin entre 2014 y 2018 y que al desprenderse de esos activos obtuvo US$591.544, suma que luego resguardó en dólares en efectivo.
En septiembre, el exfuncionario había presentado un escrito en el que contestó 20 pedidos de información de la fiscalía referidos a inmuebles, créditos, viajes y erogaciones familiares.
El argumento vinculado a las criptomonedas pasó a ser uno de los ejes centrales del caso. Pollicita dispuso que se chequearan ocho direcciones digitales suministradas por la defensa y que se reconstruyeran las transacciones asentadas.
Los peritajes confirmaron que esas billeteras efectivamente existían, que habían registrado movimientos entre 2014 y 2018 y que, al momento del control, sus claves estaban en poder de la defensa.
