La Justicia le dijo que no a Luciano Anastasi: seguirá imputado en el expediente por presuntos hechos de corrupción

Luciano Anastasi, que condujo el ministerio de Seguridad durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, sumó un nuevo traspié en los tribunales. Este viernes, la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, desestimó la solicitud de su defensa para que fuera sobreseído en el expediente donde se lo investiga por fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El caso gira en torno a obras de refacción que nunca se concretaron en dependencias policiales de La Toma, Cortaderas y San Francisco del Monte de Oro, y al destino que tuvieron los millonarios fondos destinados a esos trabajos.

En su resolución, la jueza también avaló el requerimiento de la fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de Linda Maluf, de disponer la inhibición general de bienes por 180 días sobre los exministros de Seguridad Anastasi, Claudio Latini y Ernesto Nader Ali —este último, además, exintendente de La Toma— y los exjefes comunales Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro) y Mario Canali (Cortaderas). Fiscalía de Estado acompañó ese pedido.

En contrapartida, Banó negó otras medidas de coerción que había solicitado la acusación: los imputados no deberán firmar el libro de imputados ni tendrán vedada la salida de San Luis. Anastasi, por su parte, quedó fuera de la inhibición de bienes, aunque continúa vigente el embargo sobre un inmueble de la ciudad de San Luis que él mismo ofreció en reemplazo de la medida.

Los hechos investigados

A los exministros y exintendentes se les imputa haber suscripto convenios para reacondicionar dependencias policiales, haber girado anticipos y transferencias sin controles adecuados, no haber ejecutado las obras y haber rescindido los contratos antes del recambio de gestión, sin presentar las rendiciones de cuentas correspondientes.

El primer caso se ubica en La Toma: en agosto de 2022, Alí, por entonces intendente, y Anastasi rubricaron un acuerdo por más de $28 millones para tres obras, en la Comisaría de la Mujer, el destacamento de bomberos y el área de Criminalística.

Allí se concretaron dos transferencias superiores a los $20 millones, pero las tareas nunca se hicieron o ni siquiera comenzaron. Luego se verificó que los edificios se encontraban abandonados, con instalaciones precarias, materiales sin usar y sectores sin ninguna modificación.

Tiempo después, en noviembre de 2022, Anastasi y Vivas firmaron dos contratos por más de $17 millones para refacciones policiales en San Francisco del Monte de Oro. El dinero se envió, pero los convenios se dieron de baja poco más tarde, invocando la inestabilidad económica. Durante 2024, la Justicia comprobó dependencias con revestimientos a medias, instalaciones eléctricas deficientes, paredes sin pintar y otras señales de trabajos sin terminar.

El tercer episodio tuvo lugar en Cortaderas. En 2023, con Latini al frente de la cartera de Seguridad, se firmó con Canali un contrato de casi $15 millones para refaccionar una subcomisaría. La fiscalía sostiene que se hicieron tres transferencias que excedieron holgadamente los porcentajes pactados, sin que el avance de obra se correspondiera con el dinero enviado.

Los argumentos de la defensa

La defensora oficial N° 3, Cecilia Cabello, reclamó el sobreseimiento de su asistido bajo el argumento de que las conductas endilgadas no configuran delito. Señaló que el Fondo Rotatorio del ministerio de Seguridad se creó por decreto para costear reparaciones, mantenimiento y puesta en valor de dependencias policiales, y que las contrataciones con los municipios de La Toma y San Francisco se encuadraron en esa normativa.

Según esa postura, Anastasi hizo lo que le correspondía: autorizó las contrataciones y ordenó los anticipos fijados en los convenios. La realización efectiva de las obras, en cambio, estaba en manos de los municipios, responsables de llevarlas adelante.

El escrito agregó que las rendiciones del dinero contaron con el visto bueno de la Contaduría General de la Provincia y del Tribunal de Cuentas. Otro eje del planteo fue que ninguna norma imponía al exministro, en forma personal, la tarea de inspeccionar o fiscalizar los trabajos una vez delegada su ejecución en las comunas.

La respuesta de la fiscalía

La acusación se opuso al planteo y solicitó que Anastasi siga sometido al proceso. Conforme a la resolución, para dictar un sobreseimiento debe existir una certeza nítida de que los hechos no constituyen delito.

Fiscalía de Estado se sumó a ese criterio y entendió que las discrepancias entre la teoría del caso de la acusación y la de la defensa deben dirimirse en un juicio oral.

Uno de los ejes centrales fue que, aun cuando los contratos y las rendiciones estuvieran documentados y cumplieran los recaudos administrativos, eso no prueba por sí mismo que las obras se hayan hecho. En esa línea, la fiscalía subrayó que no hay registros de controles ni certificaciones de avance.

“No puede disponer de los fondos y desentenderse de todo lo que está bajo su órbita. Justamente es él quien advierte la necesidad, como lo manifestó, de realizar todas estas obras en los municipios. Por eso se crea el programa, por eso se crea el Fondo Rotatorio, pero no hay un control, no hay una certificación de obra”, remarcó.

También recordó que los convenios fijaban un anticipo del 30% y un plazo de 60 días corridos para concluir los trabajos. Como muestra, citó que para La Toma los fondos se giraron el 24 de agosto de 2022 y el plazo se agotó sin que existieran constancias de inicio ni de progreso.

Otro punto fue que la salida de Anastasi del cargo antes de la rescisión de los contratos no lo libera de las responsabilidades propias de su gestión. Asimismo, se cuestionó el uso del Fondo Rotatorio para este tipo de tareas, que podían canalizarse por los mecanismos corrientes de obra pública y no se trataban de intervenciones urgentes.

Finalmente, la fiscalía refutó la afirmación de la defensa sobre la existencia de una funcionaria, Johana Gómez, encargada de verificar las obras: sostuvo que no hay constancias que acrediten las funciones que se le atribuyen a la mujer.

Por qué la jueza rechazó el sobreseimiento

Al examinar los contratos con la Municipalidad de La Toma, la magistrada ponderó que el anticipo financiero se pagó el 24 de agosto de 2022, con 60 días de plazo para ejecutar los trabajos. Ese término se cumplió el 23 de octubre de 2022, cuando Anastasi aún encabezaba el ministerio de Seguridad.

Banó advirtió que, de acuerdo con lo incorporado al expediente, no consta que se haya intimado al municipio ni iniciado alguna acción para exigirle el cumplimiento, pese a que una cláusula lo preveía y a que el decreto de creación del Fondo Rotatorio señalaba al ministro como responsable.

Respecto de los contratos con San Francisco del Monte de Oro, precisó que el anticipo se pagó el 7 de diciembre de 2022 y que el plazo de ejecución expiraba el 5 de febrero de 2023, cuando Anastasi ya había dejado el cargo, el 21 de diciembre de 2022. Aun así, estimó que ese dato por sí solo no basta para descartar la imputación.

Detalló que la Fiscalía no le reprocha únicamente el incumplimiento de las comunas, sino que afirma que el exministro habría dispuesto fondos públicos sin controles cuando ya aparecían señales de incumplimiento en otros contratos bajo la misma modalidad.

Sobre el aval del Tribunal de Cuentas a las rendiciones, afirmó que “la aprobación de cuentas a nivel administrativo no significa que el acto esté exento de responsabilidad penal”.

Por último, rebatió el planteo defensivo de que correspondía el sobreseimiento por no haber mediado un “engaño o ardid”. “La imputación no se formula en términos de engaño, sino de disposición de fondos públicos mediante la suscripción de contratos, con violación de deberes y perjuicio para el Estado, en tanto las obras contratadas no habrían sido ejecutadas”, apuntó.

"Si esa hipótesis encuadra en el tipo imputado, y bajo qué modalidad, es una cuestión que corresponde al debate. En esta instancia advierto que la atipicidad no resulta manifiesta e inequívoca, sin que ello implique adelantar opinión sobre la responsabilidad del imputado”, concluyó.