Bolivia implementa renovada estrategia contra el narcotráfico ante incremento de plantaciones cocaleras

De acuerdo con un reporte divulgado este martes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la superficie dedicada a la siembra de coca en territorio boliviano subió de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 el año pasado.

Este volumen implica un exceso de 14.400 hectáreas, considerando que la normativa nacional autoriza un máximo de 22.000 para fines ancestrales, como el consumo ritual, infusiones o el masticado tradicional. Se trata del tercer periodo anual consecutivo en el que se observa una expansión de los sembradíos.

La delegada de la UNODC en el país, Mónica Mendoza, expuso los resultados del Monitoreo de Cultivos de Coca 2025 en un acto realizado en la Cancillería, que contó con la presencia de funcionarios del gabinete del presidente Rodrigo Paz y miembros del cuerpo diplomático.

El análisis destaca que el Chapare, región cocalera bajo influencia de sectores leales al exmandatario Evo Morales, mostró un crecimiento del 22%, consolidándose como la zona con mayor expansión de plantaciones no autorizadas.

En el trópico de Cochabamba, la superficie de cultivos ascendió de 14.275 hectáreas en 2024 a 17.471 en 2025. En contraste, en la zona de los Yungas, al norte de La Paz, se registró un retroceso del 4%, pasando de 19.230 a 18.430 hectáreas en el mismo lapso.

El Chapare presenta actualmente graves dificultades de acceso, provocando que en repetidas ocasiones las brigadas encargadas de la erradicación de los plantíos excedentes deban retirarse de la zona.

El informe comprende el cierre de la administración del exmandatario Luis Arce (2020-2025) y el primer mes de gestión del actual gobernante, Rodrigo Paz, quien asumió el mandato en noviembre pasado.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que, si bien la erradicación y la interdicción siguen siendo vitales, han demostrado ser medidas insuficientes para detener la capacidad operativa, logística, de mando y financiera de los grupos delictivos.

En dicho encuentro, se oficializó la nueva política antidroga para el periodo 2026-2030, diseñada para desarticular redes delictivas, afectar sus arcas y robustecer la colaboración entre países. Las autoridades han advertido que grupos criminales brasileños mantienen una intensa disputa por el control de los corredores en la frontera común.