Caso Molino Fénix: un procesado apeló los cargos alegando cumplir órdenes jerárquicas

La defensa oficial de Diego Torres presentó un recurso de apelación ante el Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial, cuestionando la resolución dictada el 24 de agosto por el magistrado Santiago Ortiz. En aquel momento, se ordenó la detención y traslado al Servicio Penitenciario de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, mientras que la Fiscalía ya ha solicitado el desafuero del legislador provincial Joaquín Beltrán para proceder con su encarcelamiento.

Torres es el único de los implicados que no tiene una medida cautelar restrictiva, decisión que el fiscal José Olguín justificó debido a que el imputado siempre estuvo a disposición de la Justicia. La audiencia fue presidida por los jueces Hernán Herrera, María Bocca y Marcelo Bustamante Marone, quienes evaluarán los argumentos presentados en el plazo legal vigente.

La abogada Ximena Bertoli sostuvo que la medida tomada por el juez Ortiz perjudicó gravemente a su defendido, provocando la pérdida de su fuente laboral y afectando su salud mental debido a la alta exposición pública del caso. La letrada argumentó que el Ministerio Público no especificó las acciones concretas de Torres ni las pruebas que fundamentan los cargos en su contra, tratando a todos los involucrados de manera indistinta.

Bertoli destacó que Torres era un empleado contratado sin poder de mando ni capacidad de manejo presupuestario. Según la defensa, su cliente cumplía órdenes dentro de una estructura jerárquica rígida —incluso durante la pandemia cuando realizó hisopados por orden superior— sin posibilidad de negarse. Testigos habrían confirmado que las directivas y el sistema de transferencias eran operados directamente por Beltrán y Enzo Lucero.

Respecto a los delitos imputados, la defensa refutó la asociación ilícita por falta de pruebas sobre la voluntad del acusado de integrar una organización criminal. Asimismo, negó que desempeñara funciones de administración por el solo hecho de trabajar en una oficina y descartó su participación en la eliminación de evidencias del caso.

Por su parte, el fiscal Olguín defendió la precisión de la acusación original y rechazó la tesis de la "obediencia debida". El funcionario sostuvo que Torres intervino activamente en la gestión de cheques, vales y la caja chica del Molino Fénix, siguiendo instrucciones directas de Beltrán y Anabela Lucero. Además, señaló que existen pruebas digitales y testimoniales que lo involucran en la remoción de mobiliario y la sustracción de documentación relevante para la investigación.

Finalmente, el representante de la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, respaldó la validez de la imputación inicial. Afirmó que no existió coacción sobre el procesado y que los roles de cada integrante dentro de la presunta asociación ilícita están debidamente respaldados por las evidencias reunidas en el expediente.