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Solicitan la libertad de Anabela Lucero por el desfalco en el Molino Fénix mientras avanza el desafuero de Joaquín Beltrán

La ex diputada afín al albertismo cumple 12 días de prisión preventiva tras ser acusada de diversos delitos, mientras el Legislativo dio luz verde para quitarle los fueros a Beltrán y ponerlo a merced de la Justicia.

Por Redacción
Anabela Lucero junto a Alberto Rodríguez Saá (h).
Anabela Lucero junto a Alberto Rodríguez Saá (h).

La defensa de Anabela Lucero presentará un pedido para obtener la excarcelación de la ex funcionaria, investigada por presuntamente malversar recursos del Molino Fénix durante la administración anterior, tanto para fines particulares como para actividades proselitistas. La ex legisladora permanece en el centro penitenciario desde el 24 de agosto, tras una orden del Ministerio Público Fiscal que, actualmente, extiende sus pesquisas hacia otros implicados en el esquema delictivo.

Esteban Bustos, abogado de la acusada, ha requerido una audiencia ante el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, con el propósito de gestionar su liberación. El letrado sostuvo ante los medios que, si bien el expediente posee complejidad, no existen fundamentos para hablar de ilícitos penales, argumentando que la acusación confunde irregularidades administrativas con delitos tipificados por el Código Penal.

De acuerdo con la Fiscalía, Lucero ejercía el control total sobre los activos estatales del Molino Fénix, beneficiándose de su cercanía con la cúpula del Ejecutivo provincial para tomar decisiones unilaterales. La prisión preventiva se dictó por un plazo de dos meses; junto a ella fueron detenidos su hermano, Enzo Lucero, y su cuñado, Ezequiel Scarel, quienes también cumplían roles como colaboradores.

En una situación similar se encuentra el legislador Joaquín Beltrán. Para que se dicte una medida cautelar en su contra, resulta indispensable proceder con su desafuero, proceso que se tratará en la Cámara de Diputados en la próxima jornada. En este sentido, la Comisión de Legislación General ya emitió un dictamen mayoritario favorable para retirarle dicha protección parlamentaria.

Los cargos imputados a los involucrados abarcan administración fraudulenta, asociación ilícita, así como el ocultamiento y la aniquilación de elementos probatorios.

Tanto Lucero como Beltrán son señalados como los cabecillas de una estructura que utilizaba recursos públicos y capital humano para el desvío de dinero, empleándolo en beneficio propio y en la campaña política del PJ albertista de 2023, que impulsó a Jorge “Gato” Fernández como candidato a gobernador y a Lucero como aspirante a la intendencia de Villa Mercedes por un sublema.

El fiscal José Olguín detectó graves fallas en las auditorías y violaciones a las normas contables, lo que derivó en la imputación por administración fraudulenta. Aunque el cálculo preliminar del perjuicio asciende a más de 900 millones de pesos, las pericias técnicas continúan su curso.

La investigación identificó el uso de cinco personas físicas y siete compañías ficticias como intermediarias para drenar los fondos. En la jornada de hoy, las autoridades profundizaron las pesquisas realizando allanamientos en establecimientos de empresarios vinculados a la maniobra.

Tras el recambio de gestión, los imputados habrían intentado borrar sus rastros, motivo por el cual fueron acusados de destruir pruebas. Se documentó la incineración de archivos en un horno de barro dentro del Molino Fénix y la disposición de restos en el basural del Kilómetro 4. Asimismo, se detectó el borrado de discos rígidos, la sustracción de equipos y la eliminación de registros de cámaras de seguridad, sumado al borrado remoto de información de sus dispositivos móviles mientras estaban bajo custodia estatal.

La evidencia sugiere que los cinco implicados vaciaron la Casa de la Música, sustrayendo mobiliario y documentación en un accionar coordinado. Incluso se verificó el traslado de bienes muebles hacia una sede partidaria de Lucero.

Para respaldar la continuidad de la prisión preventiva, el Ministerio Público Fiscal advirtió sobre la nula predisposición de los acusados frente al proceso judicial, recordando que evitaron ser notificados durante los cinco días previos a la audiencia fallida del 30 de agosto.

El fiscal Olguín remarcó que, dada la relevancia social de los implicados, existe el riesgo de que ejerzan influencias sobre otros posibles partícipes en el fraude. Por ello, insistirá en extender la prisión preventiva por un período de cuatro meses, subrayando la necesidad de proteger las pruebas ante posibles manipulaciones o acuerdos entre las partes involucradas.

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