Detalle de la investigación judicial sobre el desvío de fondos estatales en el Molino Fénix y la implicación de Anabela Lucero

Según la Fiscalía, la ex diputada Anabela Lucero, el diputado Joaquín Beltrán y otros tres ex funcionarios del Molino Fénix y la Casa de la Música durante el mandato anterior, se habrían apoyado en terceros para concretar el fraude al Estado. La acusación detalla el uso de facturación apócrifa y la constitución de firmas pantalla para drenar dinero público hacia bolsillos privados.

El progreso de la causa judicial permitió imputar a cinco integrantes por asociación ilícita, administración fraudulenta y destrucción de pruebas, extendiéndose ahora a figuras empresariales relevantes de Villa Mercedes. La detención de Christian Becher responde a su rol definido como "esencial e insustituible" dentro del engranaje financiero, al cual se le atribuye la conversión de fondos estatales en ganancias particulares mediante documentos falsos. Enfrenta cargos por asociación ilícita y fraude contra la administración pública.

El fiscal José Olguín asegura haber reconstruido la ruta del dinero desde las arcas estatales hasta su destino final, confirmando la participación de los encausados Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres, sin descartar que la lista de involucrados crezca.

Becher habría utilizado seis sociedades bajo su órbita para emitir comprobantes por prestaciones jamás efectuadas entre 2019 y 2023, periodo bajo la administración de Alberto Rodríguez Saá. Los cheques emitidos por el Molino Fénix eran cobrados por el empresario para cancelar deudas y adquirir combustible para su estación de servicio, Combustibles Argentinos.

Dichas empresas figuran en el registro de APOC y el Arca debido a irregularidades en su facturación o por ser consideradas contribuyentes poco fiables.

Otro aspecto destacado de la investigación es la modalidad de captación de testaferros: Becher habría engañado a cinco individuos bajo el pretexto de una gestión administrativa para que firmaran escrituras de constitución de empresas. Al ser interrogados, los afectados negaron vínculo alguno con los negocios y se detectó que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad económica, distantes de los perfiles financieros necesarios para facturar cifras millonarias.

“Para extraer los fondos de las cuentas debían efectivizar los cheques. Él los cobraba encubriendo los desembolsos mediante estas empresas. Posteriormente, se repartían el dinero; su rol fue absolutamente necesario”, remarcó Olguín durante la audiencia de imputación. El funcionario judicial precisó que Becher utilizó los recursos para saldar saldos pendientes por compra de nafta con la firma Brio Norte.

La Fiscalía tiene acreditada la emisión de 34 cheques, junto con los datos sobre fechas, cuentas bancarias y los responsables de las firmas correspondientes.

A Lucero y Beltrán se los identifica como los líderes de esta red, que empleó activos públicos y personas para desviar dinero. Mientras la ex legisladora cumple prisión preventiva desde el 24 de agosto, su pareja afronta un proceso de desafuero solicitado por la Justicia para proceder con su encarcelamiento. Aunque Beltrán figuraba como administrador, se sostiene que Lucero poseía el control real del Molino Fénix y aprovechó su cercanía con el Ejecutivo provincial para impulsar su precandidatura a intendenta en un esquema electoral que postulaba a Jorge "Gato" Fernández a la gobernación.

Durante la audiencia celebrada el miércoles, el Ministerio Público Fiscal cuestionó las falencias en las auditorías y la opacidad contable, denunciando que la documentación fue ocultada a los organismos de control y, posteriormente, destruida. Se presentaron filmaciones que registrarían a los acusados desechando cajas y bolsas en basureros, sumado a grabaciones donde sugerían que la documentación faltante estaba incinerada.

Asimismo, se mencionó la influencia política que Lucero ejercía en Villa Mercedes, donde habría generado un clima de temor entre los trabajadores del Molino Fénix.

La defensa de Lucero solicitó la revocación de la prisión preventiva, alegando que la ex diputada nunca gestionó fondos y que la acusación carece de sustento. Ofrecieron el beneficio de la prisión domiciliaria, la custodia por parte de sus hijas y una fianza equivalente a un vehículo de 40 millones de pesos, negando cualquier riesgo de fuga. Pese al pedido, el juez Santiago Ortiz ratificó la medida cautelar de prisión preventiva por los dos meses previstos inicialmente.