Magistrado federal ordena a la administración Trump devolver las credenciales de prensa a CNN, MS NOW y Politico

Este dictamen marca un nuevo capítulo en la creciente tensión entre la administración Trump y diversos grupos periodísticos que han sido blanco de sus críticas. El presidente justificó el veto de ingreso a estos medios tachándolos de difusores de “noticias falsas” y, posteriormente, alegó que su labor informativa representaba una amenaza a la seguridad del país. Por su parte, los afectados sostuvieron que la restricción violaba directamente la Primera Enmienda, al sancionarlos por el enfoque de sus reportajes.

El juez de distrito Timothy Kelly determinó que los medios lograron acreditar las condiciones necesarias para una medida cautelar de 14 días. Según el magistrado, existe una alta probabilidad de que los periodistas demuestren que sus pases fueron retirados sin los procedimientos legales mínimos requeridos.

“Es un estándar elevado, pero los demandantes han cumplido con él”, dictaminó el juez.

Aunque este fallo alivia la situación para los medios de comunicación en su disputa contra el gobierno, la administración ha demostrado una tendencia persistente a cuestionar la labor informativa que le resulta desfavorable.

Kelly puntualizó que el Poder Ejecutivo debe definir normas claras respecto a qué comportamientos justificarían el retiro de una credencial. Describió el criterio aplicado por la Casa Blanca —basado en la “cobertura objetable”— como una normativa sumamente imprecisa e ineficaz.

El juez Kelly, quien fue designado por Trump en 2017 y ya había intervenido en 2018 para proteger el acceso de otro reportero de CNN en un escenario similar, escuchó las posturas de ambos bandos el miércoles. Estas órdenes temporales buscan, por lo general, mantener el estado actual de las cosas mientras la corte profundiza en el análisis jurídico del caso.

“Esta es una decisión contundente que protege el Estado de derecho, el debido proceso y la libertad de prensa”, celebró en un comunicado Theodore Boutrous Jr., representante legal de los medios. “Celebramos la rápida intervención de este tribunal”.

Desde la Casa Blanca no se emitió respuesta alguna a la solicitud de comentarios enviada por The Associated Press.

Durante la audiencia urgente, Kelly enfatizó que su veredicto debía fundamentarse en precedentes judiciales ligados a la Primera Enmienda, a pesar de la oposición del gobierno. Si bien el Ejecutivo argumentó que tales casos fueron resueltos incorrectamente, el juez respondió: “Quizás... pero este tribunal está obligado a seguir la jurisprudencia del Circuito de D.C., y punto”.

El magistrado también descartó el argumento de la Casa Blanca sobre la seguridad nacional, indicando que los funcionarios gubernamentales no presentaron evidencia que respaldara tal postura. “Nada en el expediente sugiere que la revocación de las credenciales permanentes de los demandantes estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional”, aseveró.

“El tribunal es escéptico acerca de que el interés de los demandados en salvaguardar la seguridad nacional sea la verdadera motivación detrás del retiro de los permisos”, añadió.

El debate se centró en la tensión entre la potestad de la Casa Blanca para gestionar sus instalaciones y los riesgos a la seguridad nacional invocados.

Durante el proceso, Boutrous defendió la urgencia de la resolución, argumentando el daño irreparable causado a la prensa en momentos de relevancia mundial. “Estamos en guerra. Tenemos líderes mundiales viniendo a Washington”, afirmó el abogado.

En contraste, Michael Velchik, en representación del Departamento de Justicia, reiteró que el ingreso a la Casa Blanca debe considerarse un privilegio y no un derecho del periodista.

“El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, manifestó Velchik, argumentando que el presidente no incurrió en discriminación ideológica. Sostuvo que el mandatario ha criticado con mayor dureza a otros medios, como ABC, sin llegar a vetarlos.

“El presidente debería poder tomar medidas inmediatas para proteger la seguridad nacional”, insistió el abogado gubernamental ante el tribunal.

En su réplica, Boutrous cuestionó el repentino enfoque en la seguridad nacional, señalando que el gobierno no utilizó ese argumento sino hasta que se inició la demanda judicial. Asimismo, destacó que Trump ha reiterado consistentemente su rechazo a la cobertura negativa como el motivo central de su decisión.

En un documento presentado el martes, el gobierno detalló una lista de incidentes que, a su juicio, justificaban el veto, incluyendo supuestas filtraciones sobre el búnker del Ala Este (CNN), investigaciones sobre seguridad (MS NOW) y publicaciones con detalles sobre mejoras en el salón de baile de la Casa Blanca (Politico).

También se hizo mención a un reporte de Politico de junio sobre un acuerdo con Irán, basado en una sesión informativa bajo condición de anonimato organizada por la propia administración, en la que participaron múltiples medios de comunicación.

La medida contra los tres medios generó un gesto de solidaridad entre sus pares. El grupo de cinco cadenas que rota para la cobertura del presidente, donde figura CNN, optó por suspender su participación en el pool.

Tras la audiencia, el ambiente se mantuvo tenso. En la Base Conjunta Andrews, donde el mandatario recibió al líder chino Xi Jinping, periodistas de Fox News, CBS y NBC estuvieron presentes pero declinaron registrar video.

Otras cadenas que sí cubrieron el evento incluyeron a NewsNation, Newsmax, Right Side Broadcasting Network, One America News y LindellTV.

Previamente al fallo, diversos medios, entre ellos la AP, habían presentado escritos de amicus curiae solicitando la restitución inmediata del acceso a los medios afectados.