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Confirmaron la continuidad de la prisión preventiva para el empresario Christian Becher

El Colegio de Jueces desestimó el recurso presentado por la defensa, manteniendo la medida cautelar que el acusado cumple en el penal provincial. La decisión se fundamenta en la existencia de riesgos de entorpecimiento en la investigación por el desvío de recursos del Complejo Molino Fénix.

Por Redacción
El empresario Christian Becher junto a la ex diputada provincial Anabela Lucero.
El empresario Christian Becher junto a la ex diputada provincial Anabela Lucero.

El tribunal compuesto por los magistrados Hernán Herrera, Cintia Martín y Marcelo Bustamente Marone avaló las pruebas presentadas por la fiscalía contra Christian Becher. Los jueces ratificaron la imputación por asociación ilícita y fraude contra la administración pública en concurso real, rechazando la solicitud de los abogados del empresario para modificar su situación de encierro.

A Becher se le atribuye un papel central y fundamental en la organización delictiva, en la que habría colaborado junto a Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres. Según la hipótesis fiscal, el acusado utilizó sus compañías para blanquear dinero proveniente del Estado a través de facturas falsas y operaciones en su estación de servicio.

La decisión ratifica la medida dictada originalmente por el juez de Garantías Nº 4, Santiago Ortiz, por un plazo de dos meses. Si bien el tribunal desestimó el riesgo de fuga debido a los vínculos del imputado en la zona, consideró que persiste el peligro de entorpecimiento de la investigación, dada la intrincada trama de empresas involucradas y la necesidad de resguardar a los testigos con lazos económicos con Becher.

Para los jueces, las medidas alternativas ofrecidas por la defensa —como la prohibición de salir del país o restricciones de acercamiento— resultan ineficaces para evitar interferencias en el proceso o el ocultamiento de bienes. Respecto al pedido de arresto domiciliario, aclararon que dicho recurso debe tramitarse en una instancia independiente ante el juez correspondiente.

Pese a mantener la detención, los magistrados ordenaron a las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial que establezcan un esquema de contacto flexible con el hijo menor del imputado, a fin de proteger su vínculo familiar.

Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Marcelo Palacio detalló que se analiza una compleja ingeniería societaria diseñada para defraudar al Estado mediante documentos apócrifos. Asimismo, subrayó que el daño al erario público, calculado provisoriamente en 900 millones de pesos, podría incrementarse conforme avance la causa.

Finalmente, el fiscal insistió en que el peligro de interferencia procesal continúa vigente, ya que resulta imprescindible asegurar que los testigos clave —muchos de ellos empleados o personas vulnerables ligadas a las firmas del acusado— puedan prestar testimonio con total libertad y seguridad.

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