El Barcelona deberá pagar 602 euros como castigo impuesto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), luego de que el Atlético de Madrid denunciara formalmente al conjunto catalán por haber negociado sin respetar las normas con el delantero argentino Julián Álvarez en el último mercado de pases.
Todo comenzó cuando la institución madrileña llevó el caso ante el ente rector del fútbol español al advertir que los dirigentes culés habían dialogado con el atacante de 26 años, pese a que el futbolista tiene contrato firmado con el "Colchonero" hasta junio de 2030.
La dirigencia rojiblanca sostuvo su denuncia en el Reglamento de Competiciones, texto que establece como requisito ineludible que todo club que pretenda sumar a un jugador con vínculo vigente comunique por escrito esa intención al club dueño de la ficha antes de entablar cualquier diálogo con el profesional.
Como la FIFA no tenía potestad para resolver este tipo de conflicto, fue la RFEF la que puso en marcha el expediente administrativo correspondiente.















