El Tribunal Penal N° 3 del Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial desestimó los planteos de revisión que habían interpuesto los defensores de la ex legisladora Anabela Lucero, de su hermano Enzo Fabricio Lucero y de su cuñado Exequiel Scarel. Con esa decisión quedó firme la extensión de la prisión preventiva por 90 días más en el expediente que indaga el vaciamiento del Molino Fénix, donde los tres enfrentan cargos por asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
El fallo lleva la firma de los jueces Hernán Diego Herrera, Cintia Paola Martín y Marcelo Oscar Bustamante Marone, y fue emitido este viernes. De este modo quedó convalidado lo dispuesto el 23 de octubre por el juez de Garantías N° 4, Santiago Ortiz.
Los pedidos habían llegado de la mano de los letrados Adriel Cabello, que asiste a Anabela Lucero, y Bautista Rivadera, defensor de Enzo Lucero y de Scarel. Los dos reclamaron dejar sin efecto el encierro o sustituirlo por alternativas menos severas, pero los camaristas concluyeron que seguían presentes las razones que motivaron las detenciones.
El eje del razonamiento judicial fue que el mantenimiento de la preventiva encuentra sustento en el peligro de entorpecimiento procesal.
Para determinar si ese peligro continuaba vigente, los jueces revisaron tres cuestiones: las maniobras de ocultamiento y eliminación de pruebas dentro de la organización investigada, las diligencias probatorias que aún restan producir y la chance de que las interferencias se prolonguen hasta que la evidencia ingrese efectivamente al debate oral.
Respecto del primer punto, afirmaron que seguía latente la chance de obstaculizar la pesquisa. Precisaron que no les imputaban a los acusados actos personales y concretos de borrado o destrucción de evidencia, sino que midieron su capacidad de interferencia según el lugar que ocuparían dentro del entramado.
Sobre las pruebas aún no producidas, enumeraron futuras declaraciones de testigos, peritajes e informes bancarios y societarios. También ponderaron que creció la cantidad de personas alcanzadas por la investigación, con nuevos detenidos, y que otras cuatro fueron notificadas conforme al artículo 38 del Código Procesal Penal de San Luis, sin que todavía se les hayan formulado cargos.
Estimaron que esos individuos podrían brindar testimonios de peso y que, por su vínculo con las estructuras empresariales y financieras bajo análisis, quedarían expuestos a presiones o influencias. Asimismo, el Tribunal remarcó que la proximidad de la etapa acusatoria o del juicio oral no hace desaparecer por sí sola el riesgo, aunque aclaró que conforme avance el proceso la acusación deberá precisar con mayor detalle qué peligros concretos subsisten.
