La cámara alta paraguaya cerró el jueves la fase de acusación del juicio político contra el presidente Santiago Peña, señalado por un presunto conflicto de intereses e irregularidades luego del derrumbe de un gran banco digital asociado a su administración, episodio que dejó inmovilizados los ahorros de millones de personas y generó multitudinarias manifestaciones.
Paralelamente, el Fiscal General dispuso la apertura de tres causas penales vinculadas a la crisis de Ueno Bank, entre ellas denuncias que alcanzan al propio Peña y a otros funcionarios.
La remoción del mandatario exige el respaldo de dos tercios de los senadores. En caso de una condena, Peña quedaría sin la posibilidad de acceder a la banca vitalicia que la Constitución reserva a los exmandatarios y perdería los fueros parlamentarios, lo que habilitaría el avance de un proceso penal si el fiscal Emiliano Rolón Fernández decide imputarlo.
Cerca del mediodía, mientras los diputados discutían el enjuiciamiento, Peña difundió un video en X en el que anunciaba su dimisión al cargo, argumentando que lo hacía por la estabilidad del país y en defensa de las instituciones democráticas.
El mandatario, que hasta el año pasado mantenía acciones en una firma ligada a Ueno Bank, eludió hacerse cargo de la crisis que dejó a millones de ahorristas, jubilados y trabajadores intentando desesperadamente acceder a su dinero retenido y a sueldos que no les fueron abonados. "Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí", expresó.
Ni Diputados ni el Senado aceptaron la renuncia presentada por Peña; por el contrario, los senadores optaron por continuar con el juicio político.
El Banco Central intervino Ueno Bank esta semana por dificultades de solvencia. Ocho directivos y ejecutivos de la entidad fueron arrestados, entre ellos su presidente, Juan Manuel Gustale, y Federico Miguel Vázquez, director ejecutivo y hasta hace poco socio en negocios de Peña.
A septiembre, dos de cada tres paraguayos eran clientes del banco, que además administraba unos 850 millones de dólares en recursos públicos, de los cuales alrededor de 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social, la caja estatal de jubilaciones y salud del país.
El cierre operativo de Ueno Bank desató el pánico en la población, que se volcó a las calles de Asunción en diversas movilizaciones espontáneas. Algunas de ellas derivaron en choques entre manifestantes y efectivos policiales, con un saldo de al menos un herido.
