Los 44 senadores presentes votaron sin excepción a favor de remover a Peña por mal desempeño de sus funciones, lo que habilita al vicepresidente Pedro Alliana a tomar el mando. La resolución se produjo solo 72 horas después de que los organismos de control intervinieran Ueno Bank, dejando sin acceso a sus ahorros a cerca de 3 millones de usuarios y detonando el conflicto político.
Desde el Congreso se le imputó haber utilizado su peso político para derivar cientos de millones de dólares del erario hacia Ueno, mientras los supervisores hacían la vista gorda ante préstamos internos de alto riesgo. El exmandatario rechazó toda acusación.
La remoción, además, lo deja sin la banca vitalicia en el Senado que la Constitución paraguaya reserva a los expresidentes electos por la vía democrática, y con ella sin el fuero parlamentario correspondiente. El Ministerio Público ya puso en marcha causas penales que apuntan contra Peña, contra funcionarios y exfuncionarios de la banca central y de la caja estatal de jubilaciones, y también contra Alliana.
El jueves Peña había elevado su renuncia, pero el Legislativo no le dio curso. Sus defensores, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, sostuvieron que correspondía aceptar la dimisión en lugar de avanzar con el proceso. Los bloques opositores exigieron la destitución justamente para impedir que abandonara el Ejecutivo conservando inmunidad.
“Debe irse, pero no a su casa. Debe irse a una prisión de máxima seguridad”, declaró ante la prensa la senadora opositora Yolanda Paredes. “La ciudadanía está harta de la impunidad”.
En una carta de despedida divulgada minutos antes de la votación del viernes, Peña dijo confiar en que su alejamiento evitara perjuicios mayores al país.
“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad”, escribió. “Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”.
El malestar social se amplificó jornada tras jornada. Miles de personas que reclaman recuperar sus depósitos bloqueados y castigo para los responsables de la caída de Ueno chocaron durante la semana con la policía, que respondió con balas de goma y gas pimienta. El gremio docente más numeroso del país, con más de 40.000 afiliados, anunció para el lunes el inicio de un paro nacional por tiempo indeterminado en defensa de los fondos previsionales públicos.
“Fue una lesión de confianza muy grande”, dijo Yinal López, empleado de la eléctrica estatal, cuya caja jubilatoria también tenía fondos colocados en Ueno. “El presidente se burló de la gente. Usó su dinero, el dinero de la gente, para hacer lo que él quería”.















